13 de junio de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Colombia 2020. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Las lecciones de Justicia y Paz para la priorización de casos en la JEP
Este miércoles se realiza una audiencia pública para valorar los criterios de priorización que aplicará la JEP sobre los informes que reciba con ocasión del conflicto armado. Expertos piden una articulación con la justicia ordinaria.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) socializará este miércoles en audiencia pública su propuesta para priorizar los casos que les presenten las entidades estatales (la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, entre otros), los informes de las organizaciones de víctimas, así como las versiones voluntarias. Su misión: escoger dentro de miles de casos cuáles fueron los más graves y representativos del conflicto.
De acuerdo con el borrador presentado por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, encargada de recibir y analizar la información aportada, para priorizar los casos se tendrá en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas: por ejemplo, características como el origen étnico, la identidad de género, la edad, la condición de discapacidad y de pobreza, entre otros. Asimismo, aspectos como la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad de los hechos, basados para satisfacer los estándares internacionales. De hecho, como lo afirmó la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la sala, se tuvieron en cuenta los lineamientos de priorización de la Corte Penal Internacional (CPI).
Además de cumplir con esos criterios, la JEP tendrá la misión de pararse sobre las lecciones aprendidas del modelo de Justicia y Paz, primera experiencia de justicia transicional en Colombia desde la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional (ver infografía). Ese modelo se encargó de juzgar a alrededor de 4.980 exmiembros de las Auc y de los cuales sólo fueron condenados 195. Para evitar los errores del pasado, los expertos consideran que lo ideal es trabajar de manera articulada tanto con las demás entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos), como con Justicia y Paz y las instituciones de la jurisdicción ordinaria.
“No se puede caer en la lentitud judicial como ocurrió en Justicia y Paz. Hay que apuntar a una estrategia articulada de investigación, ya que, desde la JEP, se abordaría la macrocriminalidad y el carácter sistemático como se han perpetrado los crímenes”, indicó Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.
En ese mismo sentido, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) recomienda que la JEP debe aprovechar la información obtenida para no empezar de cero. “Justicia y Paz tuvo un problema: no aprovechó la información que estaba en la justicia ordinaria. La JEP no puede empezar a practicar pruebas de hechos que ocurrieron hace muchos años y de los cuales ya existen pruebas. Entonces, debe utilizar aquella que está disponible y hacer uso de sistemas información con aplicación de herramientas de inteligencia artificial que permita organizar todos los datos”, afirma Juan Camilo Collazos, investigador de la CEJ, quien además considera que uno de los retos de la JEP consiste en que se deben evitar las contradicciones en los criterios de priorización en las distintas salas y secciones junto con la Unidad de Investigación.
Esa misma organización indica que la JEP debe lograr que los reconocimientos de responsabilidad de los procesados estén acordes con todo el material probatorio disponible y que contribuya de manera efectiva a satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad para que al momento de imponer una sanción restaurativa, como la que estableció el Acuerdo de Paz, no se desconozcan los derechos de los más afectados.“Otro de los problemas de Justicia y Paz tuvo que ver con la posibilidad de que las víctimas participaran en las versiones libres: sólo la tercera parte pudo realizar preguntas. Ahora, en el caso de las audiencias públicas de reconocimiento de la JEP, no se sabe si su presencia será formal. Volvemos al mismo problema de siempre: falta una norma que garantice su participación”.
Por su parte, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) considera que las reformas implementadas para mejorar el proceso de Justicia y Paz ofrecen las lecciones más importantes para la JEP. Entre ellas destaca que se superara la investigación “caso a caso” para plantear una investigación de “crímenes de sistema”; que se dejaron a un lado las circunstancias de tiempo, modo y lugar para dar paso a la demostración de patrones de criminalidad, y que se buscó develar “las principales y más altas responsabilidades penales”. “Cuando se prioriza o se define un objetivo, hay otras tareas y expectativas que se dejan fuera. Es tan importante tener claridad sobre aquello a lo que se dice sí, como a aquello a lo que se dice no, y explicitar las renuncias que en esta política deben hacerse”.
Los expertos y las organizaciones sociales y de víctimas tendrán la palabra a partir de este miércoles y hasta el 15 de junio sobre la propuesta de la JEP para priorizar los casos más representativos del conflicto y hacer una agenda de priorización para el próximo año. “Esperamos que a finales de este mes podamos poner sobre la mesa qué información tenemos, la información sobre la cual vamos a priorizar, y aplicarle los criterios que socializamos”, indicó la magistrada Julieta Lemaitre.
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