GRAN CONTROVERSIA generará el proyecto de ley presentado ante el Congreso por el Ministerio del Interior y de Justicia, con el que se pretende crear la Colegiatura de abogados con un Tribunal de Ética al interior de la misma, encargados de regular laboral y éticamente a los profesionales del derecho en el país.
El proyecto señala que la colegiatura será “una institución de orden legal, con funciones públicas, que se regirá por el derecho privado, con personería jurídica, reconocida por el Estado, para el ejercicio de la profesión de abogado”.
Sobre el particular, EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de expertos como el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, quien sobre el proyecto dijo: “Creo que se está apuntando a buscar que el ejercicio de la profesión tome la legitimidad que corresponde”.
Sin embargo indicó que “quedan algunas dudas. Hay normas que en realidad no están claras, pero hay otras, como las funciones, que no deberían ser indagadas”, aseguró Bernal.
Las dudas generadas
Dentro de la iniciativa se plantea la creación de un Tribunal de Ética al interior de la Colegiatura, el cual se encargará de “conocer de las denuncias y quejas que ante ellos se presenten en contra de los abogados y, si luego de breve y sumaria investigación consideran que prestan mérito, dar traslado al Consejo Superior de la Judicatura”.
Al respecto el ex procurador afirmó que “hay que hacer revisar lo referente a competencias y demás, hasta donde puede llegar, si puede sancionar o no, porque en el proyecto no lo dice, o si simplemente está para recoger las quejas y llevarlas al Consejo Superior de la Judicatura”.
Del mismo modo, al indagársele por la funciones delegadas que tendría la Colegiatura, y que actualmente son ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura, Bernal Cuéllar aseveró que “en cuanto a la expedición de la tarjeta profesional, sería una función que pasa del Consejo Superior de la Judicatura a la Colegiatura, y no habría choque de trenes pero el problema son las sanciones a las faltas disciplinarias, porque se crea un Tribunal de Ética”.
El ex jefe del Ministerio Público explicó que en lo relacionado con las sanciones, debe estudiarse si “deben permanecer todas las sanciones disciplinarias en el Consejo Superior de la Judicatura o no, porque al Tribunal se le pueden transferir algunas pero quizá se necesite una reforma constitucional”.
Finalmente, Bernal se preguntó si “¿los colegios de abogados que hoy están van a recibir las funciones que trae esta ley, o son organizaciones que no van a estar dentro del marco de esta ley, o va a existir una Colegiatura, como al parecer dice acá, nacional?, por lo cual entonces, los colegios de abogados que existen no entiendo qué funciones puedan tener”.
Consideraciones chocantes
Sobre la iniciativa también se pronunció el jurista Juan Manuel Charry, quien se mostró en contra de la propuesta pues “no se deben establecer colegiaturas obligatorias. Existe la libertad de ejercer una profesión u oficio y se le permite a los profesionales en virtud del derecho de asociación, asociarse o no a los colegios de profesionales”.
“A mí me parece normal que la libertad de profesión tenga esa posibilidad y lo veo con buenos ojos, en lo que no estoy de acuerdo es en que se establezca la colegiatura obligatoria, porque hace parte de mi libertad el asociarme o no asociarme”, concluyó el jurista.
Contrariamente, Gloria Maria Borrero, directora de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), dejó clara su complacencia con la iniciativa ministerial y consideró que “lo de la colegiatura obligatoria sí nos llama la atención porque es una medida que garantiza la calidad de los abogados y además los ayuda a controlar y a organizar. Sobre todo para mejorar la calidad y para el control nos gusta la colegiatura obligatoria”.
El Nuevo Siglo / 24 de julio de 2008
