Bogotá, 25 de abril de 2021. A continuación, se reproduce el artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
En una década, entre 2011 y 2020, se multiplicó por más de 5 el número de procesados –entre ellos peligrosos capos y asesinos– que la justicia colombiana dejó libres por vencimiento de términos. En 2011 fueron 961, y el año pasado la cifra cerró en 5.226 casos, según un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia.
El dato es aún más grave en un país en el que los niveles de impunidad generales superan el 90 por ciento, pues esos casos de peligrosos delincuentes que quedan libres por ineficiencia o –muchas veces– por corrupción pura y dura no solo ponen en peligro a la sociedad, sino que golpean la maltrecha imagen de nuestro sistema judicial.
Y lo que más se echa de menos es que ni las altas cortes –especialmente la Suprema, que es la cabeza en el tema penal–, pero tampoco el Gobierno ni la Fiscalía, se están moviendo para poner en el centro del debate nacional lo que debería hacerse para resolver este y otros problemas acuciantes de nuestra justicia.
Otro indicador de alarma es el de la reincidencia criminal, que viene creciendo sostenidamente. Hoy, uno de cada 5 de los que están en una cárcel ya había tenido una condena por otro delito. Con corte al 2020 eran 22.781 personas, y claramente la cifra de reincidencia es mucho mayor, pues buena parte de los capturados, especialmente por hurtos y atracos menores, quedan libres y vuelven a las andadas a los pocos días, ante la certeza, casi firmada, de que el sistema judicial no será capaz de procesarlos.
De nuevo, más allá de las voces de indignación cuando alguno de esos criminales profesionales se cobra una nueva vida, los máximos responsables de nuestra justicia no dan señales de que estén trabajando o al menos pensando en cómo resolver estas situaciones. Y esa puede ser una de las explicaciones de por qué la confianza de los colombianos en su aparato judicial, como también lo reseña Excelencia en la Justicia, viene marcando en rojo hace ya varios años.
En marzo pasado, solo 16 de cada 100 colombianos encuestados por Gallup dijeron tener una imagen favorable de la justicia colombiana, y la percepción negativa de la Fiscalía, la Corte Suprema y la Constitucional ronda o supera el 60 %.
Una de las máximas de la justicia es que los magistrados solo hablan a través de sus sentencias.
Pero en momentos de crisis general como los que atraviesa nuestro sistema se requiere del liderazgo de las cortes para promover el debate sobre los ajustes urgentes y de fondo que necesita nuestra justicia.
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