Dada la inoperancia e ineficacia del actual consejo de política criminal es oportuno que el Gobierno lidere la operación de un escenario creíble de coordinación técnica y política. De otra forma continuaremos presenciando el trabajo desarticulado de las instituciones que hacen parte del sistema de política criminal.
Entretanto la situación carcelaria continuará deteriorándose pese a algunas medidas parciales. En octubre 31 de 1998 la población de reclusos era de 44.448 internos y la capacidad de 32.987, es decir el hacinamiento llegó al 35%. Cerca de 20.977 personas privadas de la libertad (47% de la población) aún no habían sido condenadas por los jueces y de las 23.471 condenadas el 35% sólo tenían condena en la primera instancia. Preocupante reflejo de cómo el actual procedimiento penal, lento y congestionado en la etapa de instrucción, al igual que la actual reglamentación de la detención preventiva y la insuficiencia de defensores públicos, contribuyen a la crisis.
El problema de la falta de establecimientos carcelarios podría enfrentarse cuando finalmente se adopte la decisión política de involucrar al sector privado en un programa serio de inversión que podría ser bajo la modalidad de construcción, alquiler y transferencia del Estado. Otro tema crucial que debería trabajarse aprovechando la reestructuración del Estado es rehacer al Inpec, descentralizarlo, modernizarlo y darle capacidades para gerenciar una política carcelaria de largo alcance.
*Director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
El Tiempo / 13 de enero de 1999
