19 de junio de 2018 – 

A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Colombia 2020. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.

La suerte de la JEP en el gobierno de Iván Duque

Pese a que el presidente electo aseguró en campaña que hará cambios “de fondo” a la JEP, los expertos consideran que no será un camino fácil. Los compromisos internacionales y el principio de favorabilidad son algunos obstáculos.

El 15 de diciembre de 2015, cuando se anunció la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, enfiló sus críticas contra la justicia transicional por considerarla un “mecanismo de impunidad”. El candidato del uribismo, Iván Duque, recogió esas banderas, que le sirvieron para labrar su derrotero hacia la Presidencia.

Aunque se alejó de la idea de “hacer trizas el Acuerdo de Paz” y moderó su discurso, en especial para la segunda vuelta, en su programa de gobierno escribió: “Nos afecta ver que la justicia premia a quienes han cometido los peores crímenes de nuestra historia, bajo el abuso de la palabra ‘paz’”. Esta consigna la replicó en los medios de comunicación para mostrar su disposición de evaluar y reformar “de fondo” puntos sustanciales de la JEP.

En campaña, Duque habló puntualmente de los aspectos que evaluaría y cambiaría. Aseguró que las medidas contempladas en la JEP no garantizan una sanción proporcional por los delitos más graves, se mostró en desacuerdo con la participación en política de los dirigentes de la antigua guerrilla de las Farc sin que antes respondieran ante la justicia, insistió en que el narcotráfico no debería ser amnistiable y se opuso a que los integrantes de las Fuerzas Militares fueran procesados en la JEP , por considerar que “se ponían al mismo nivel” de los miembros de la guerrilla.

Sin embargo, según los expertos, tocar estos puntos no sería tan fácil: las presiones internacionales, los principios jurídicos de favorabilidad y de cosa juzgada, así como la reforma constitucional que blinda el Acuerdo de Paz durante los próximos tres gobiernos, son algunos de los obstáculos que enfrentaría el presidente electo. No obstante, aquel principio jurídico según el cual “las cosas se deshacen como se hacen” puede poner en riesgo algunos de ellos.

Hay asuntos sustanciales inmodificables. “Algunas propuestas como las está planteando no se pueden hacer y hay otras que, aunque no son fáciles, sí es posible hacerlas. Esto podría crear un problema de muy difícil manejo para la sociedad colombiana, que le puede traer una alteración mayor a la convivencia por el incumplimiento del pacto del Estado a un acuerdo de paz que ha sido avalado institucionalmente y que además tiene todo el respaldo internacional”, señaló Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien insistió en que la propuesta de que exmiembros de las Farc paguen penas de prisión, en vez de penas de reparación, no es viable jurídicamente.

Recordó que el Acuerdo de Paz establece tres modalidades de penas contra los procesados. Primero, quienes declaren la verdad, manifiesten su disposición a reparar y se comprometan a no volver a delinquir, no serán condenados a penas privativas de la libertad, sino a efectuar actividades de reparación a través de planes regulados en disposiciones legales y constitucionales (consultados con las víctimas, aprobados por el juez y supervisados por el juez en su ejecución). Segundo, quienes colaboren de manera tardía serán condenados a pagar cárcel con penas que van hasta los ocho años. Tercero, quienes no aporten verdad y sean hallados responsables deberán pagar una pena de hasta 20 años en prisiones ordinarias.

“En relación con el primer caso, establecer una pena privativa de la libertad en vez de la pena de reparación no es posible jurídicamente. Eso es contrario a la Constitución, a los tratados internacionales y al ius cogens. Eso no se puede modificar, ni por reforma constitucional ni siquiera por modificación de tratados (que no sería el caso), porque es un principio universal de favorabilidad en materia penal (…) Lo que se ha hecho es populismo barato y peligroso, porque el Acuerdo de Paz se hizo sobre la base de que no habría esa pena privativa de la libertad. De lo contrario no se habría hecho el Acuerdo”, agrega Gallón.

Una postura similar tiene Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien rescata que Duque haya moderado su posición respecto a la JEP y que, en caso de querer hacer cambios en cuanto a las sanciones por los delitos más graves, estas podrían aplicarse sólo en el futuro. Es decir, en otros procesos de paz o en otros acuerdos, pero sobre lo que ya está escrito. “Ya hay unos hechos consolidados y unos derechos adquiridos que no podría modificar si estamos en un Estado de derecho. Hay que recordar que existe el principio universal en el que a uno le pueden aplicar la ley que le sea más favorable. Yo creo que modificaciones futuras sí las podría hacer, pero no para las Farc (…) Lo que hay que estar es muy vigilantes, que en realidad haya penas, que esto no sea una farsa, que sea razonable y que no nos cueste tanto”.

Esta misma lógica, aseguran, podría aplicarse a la propuesta de eliminar el narcotráfico como conexo al delito político y la prohibición de que dirigentes de la FARC participen en política sin que pasen por la JEP. Por un lado, Gustavo Gallón asegura que la jurisprudencia relacionada con la conexidad del narcotráfico data de la negociación promovida entre el gobierno de Uribe y los paramilitares.

Por otro lado, para el abogado penalista David Teleki, las propuestas en contra de la participación política de la FARC generarán, de manera inevitable, una fuerte oposición de la antigua guerrilla que suscribió un acuerdo que contó con el respaldo de la comunidad internacional, que ha desembolsado recursos para su implementación. “Lo que preocupa no es el andamiaje normativo, sino que ese andamiaje es producto de unas negociaciones que concluyeron. Eso sería un grave riesgo para el proceso de paz y todas las estructuras jurídicas”.

¿Qué podría modificar?

Hay propuestas que serían más viables, pero que también le representarían al nuevo gobierno un camino pedregoso. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que los militares sean juzgados por un mecanismo que esté atado a la justicia ordinaria. Esto, según Duque, con el objetivo de que los uniformados “no sean puestos al mismo nivel de las Farc”.

“Esto implicaría una reforma constitucional que sería traumática, porque sería una violación abierta a los acuerdos. Jurídicamente le implicaría un poco más de un año. Es difícil, no es imposible”, indica Gustavo Gallón.

En ese sentido, Gloria María Borrero reiteró que “todo es posible”, aunque ese punto también quedó claro en las reformas constitucionales que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (del cual hace parte la JEP) y que blindaron el Acuerdo para los próximos tres períodos presidenciales. “Yo creo que es mejor ser prácticos y analizar cómo mejorar lo que hay”. No obstante, hay consensos. Desde distintas orillas se ha expuesto la posibilidad de otorgar la amnistía más amplia posible para quienes hicieron parte de las bases de las Farc y darles seguridad jurídica. Este asunto, incluso, ha sido respaldado por el uribismo. “Sobre eso todos estaríamos de acuerdo”, añade Borrero. La situación se complica cuando se hace referencia a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto.

Al acercarse las elecciones, el uribismo fue moderando su discurso frente al proceso de paz. Carlos Holmes Trujillo, durante Diálogo entre Opuestos en Procesos de Transición de Colombia 2020, aseguró que está a favor de que haya diálogos (con los grupos armados ilegales), acuerdos y que el nuevo Gobierno cumpliría con “todas las seguridades para los integrantes de las Farc que se desmovilizaron. Pero hay unos temas que tocan al país y que hay que modificar para garantizar la sostenibilidad del Acuerdo en el futuro”.

A través de lo que ha denominado un “gran diálogo nacional”, el uribismo pondría durante su gobierno esta discusión sobre la mesa. Los expertos, entre tanto, coinciden en que la JEP debe fortalecerse (algunos incluso consideran que debe simplificarse su funcionamiento) para que, como está establecido en el Acuerdo, les garantice a las víctimas la plena satisfacción de sus derechos.

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