¿Qué pretende con esta convocatoria?
Nueve meses después del atentado al Palacio, queremos mostrarle a la ciudadanía la situación real, que es muy grave, por la que atraviesa la Justicia en Cali. La idea es que entre todos los protagonistas y los operadores de Justicia podamos sumar y que aportemos una solución definitiva para mejorar la situación de orden público en la ciudad, antes de que esto colapse por la creciente impunidad.
¿Sí confirmaron asistencia todos los responsables del tema a nivel local, departamental y nacional?
El Fiscal General parece que envía un delegado, creo que será Alejandro Padrón, el seccional. Fabio Valencia Cossio, el ministro del Interior y Justicia, prometió enviar a su viceministro.
Ya en el plano local invitamos al Alcalde, al Gobernador, a la Procuraduría, a la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Reparación y Reconciliación, en fin, a todos los estamentos que tiene relación con la aplicación de la Justicia en la región.
También le hicimos un llamado a la empresa privada, en especial al sector bancario, para que nos acompañe, pues ellos se están viendo afectados de muchas maneras ante la precaria prestación de este servicio público esencial.
¿De qué magnitud es la crisis de la Justicia en Cali?
Eso ya lo hemos dicho, pero le voy a dar un par de indicadores. Cada juez tiene represados en promedio 600 casos. En la rama penal, por ejemplo, le estamos dando prioridad a los procesos que llegan con preso, que en este momento son 200, los otros 500 casos seguirán aumentando la congestión.
Se han tomado algunas medidas por parte del Consejo Superior de la Judicatura, enfocadas a morigerar la crisis de los jueces de garantías, que tenían aproximadamente 1.500 audiencias sin tramitar porque ni siquiera tenían un espacio físico donde realizarlas.
¿Es cierto que debido a la crisis uno de los acusados de participar en el atentado al Palacio de Justicia, que estaba detenido, fue dejado en libertad?
Tuve conocimiento a través de los medios locales de esa situación. No tengo mayores detalles, por eso no podría confirmar si fue por vencimiento de términos o alguna otra causal, pero entiendo que se le concedió la libertad a esta persona.
¿Qué es lo más grave que le está pasando a Cali por la crisis judicial?
Lo más sensible para la comunidad es la especialidad penal, que es donde se garantizan los derechos fundamentales de la gente, como el de la vida, entre otros. El atraso de los procesos en esta rama lleva a que se causen daños a esos derechos, no sólo de quienes demandan la aplicación de Justicia, sino también de quienes están siendo judicializados.
La otra situación, que es un agravante producido por una Justicia lenta e inoportuna, es que los índices de criminalidad e impunidad tienden a aumentar, como lo vivimos en la ciudad durante el primer trimestre de 2009.
¿Cuál es la medida más urgente, en aras de disminuir el impacto de la crisis, que usted considera se debe tomar?
Aquí hay dos situaciones de emergencia que se deben atender y ambas tienen que ver con presupuesto. La primera es crear más juzgados, hablamos de entre 80 y 60 despachos de plena competencia, que puedan conocer todos los asuntos que están represados y que en un tiempo oportuno, puedan dar una solución eficaz a los conflictos que vive la ciudadanía.
La segunda es que los dineros que se han dispuesto para la refacción del Palacio de Justicia, se incluyan en el presupuesto de este año o del próximo a más tardar, para que podamos, con celeridad, tener unas locaciones dignas a las cuales traslademos los 132 juzgados que están dispersos en varios edificios de la ciudad, lo que perjudica la prestación del servicio.
¿Siguen los jueces y sus equipos de trabajo, laborando en apartamentos y oficinas improvisadas que no ofrecen las condiciones mínimas?
Sí, esto no ha cambiado mucho desde que lo denunciamos. La verdad es que en un esfuerzo superior, los profesionales de la Justicia estamos poniendo nuestro grano de arena para evitar que la parálisis sea mayor. Pero existen situaciones que impresionan, por ejemplo, un piso donde despachan varios juzgados, que sólo cuenta con un baño para los empleados y para los usuarios.
¿Qué responde a los que señalan que el atraso se debe a que los jueces no trabajan a buen ritmo?
Que realmente los jueces hacen lo que pueden con las precarias condiciones en que se encuentran. La planta de personal de la Rama Judicial es insuficiente para asumir la conflictividad de Cali. Que va en aumento, lo que no permite que todos los casos que se judicializan tengan una solución oportuna en el tiempo. Traíamos un represamiento histórico, pero éste se agudizó con la bomba, pues la justicia estuvo parada por cinco meses.
• Creemos que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis de la Justicia en Cali todavía no son suficientes”. Carlina Varela, presidenta del CSJ.
• Las autoridades locales y territoriales se han mostrado sordos ante el llamado urgente de la Rama Judicial, dicen que no les compete”. Carlina Varela, presidenta del CSJ.
El País / 14 de mayo de 2009
