La reforma aprobada por el Congreso se utilizó para dedicarse exclusivamente a la justicia de los aforados y por este camino revivirá por la parte de atrás la inmunidad parlamentaria, aseguró Gloria María Borrero Restrepo, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
RICARDO AREIZA
La reforma judicial aprobada finalmente por el Congreso, duramente cuestionada por el país, perdió el sentido original y terminó convertida en una reforma política en beneficio de los propios congresistas, aseguró Gloria María Borrero Restrepo, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La profesional huilense, estimó en diálogo con LA NACIÓN que la iniciativa no resuelve los problemas de la justicia y revivirá la inmunidad parlamentaria, abolida con la nueva Constitución.
Tras considerar que la conciliación terminó en una gran frustración, estimó que es irreversible. No obstante, señaló que hay mecanismos para atajarla. Además, señaló que el país no está preparado para implementar el nuevo Código Contencioso Administrativo que entrará en vigencia en julio próximo.
-¿Cómo evalúa la reforma a la justicia que se acaba de aprobar?
Con una gran frustración porque trabajamos mucho para que esa reforma se mejorara y la acompañamos porque creemos que la justicia a nivel constitucional necesita reformas. Queríamos cualificar más el recurso humano y llegar a las altas cortes, cualificar los recursos técnicos para gobierno y administración, que llegar a las altas cortes fuera el final de una carrera y no el principio y todo eso se logro, yo creo de manera parcial.
-¿Cuáles fueron a su juicio los principales desatinos?
La reforma se utilizó para dedicarse exclusivamente a la justicia de los aforados y por este camino se introdujeron modificaciones con las cuales no estamos de acuerdo, como que sea potestativo de la Cámara cuando sea denunciado un delito de los aforados, creo que eso es revivir por la parte de atrás la inmunidad parlamentaria; que se haya ampliado el régimen de aforado para los secretarios de Senado y Cámara y que se aplique la ampliación del periodo de los magistrados para los actuales.
-¿La reforma a la justicia terminó en una reforma política?
En gran parte, en gran medida si. Eso desvió la atención y el foco para hacer un mejor diseño de toda la parte que le correspondía a la justicia.
-¿Pone en riesgo los procesos que se adelantan contra congresistas y altos funcionarios?
Aquí todo puede suceder. Además, las normas de transición que se establecieron nos parecen medios para que se den todas esas medidas.
-¿La reforma le quita autonomía a la Rama?
No, no le quita autonomía porque se quería en el presupuesto restringir esa autonomía pero eso se logró modificar porque se decía que el presupuesto adicional se iba a dar en bienes y servicios, pero eso se logró atajar a tiempo.
-¿Ampliar a particulares la administración de justicia no afecta a la Rama?
Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero no había monopolio de la justicia por parte del Estado desde hace muchos años; nos parece que eso no es revitalizar ni fortalecer la Rama, todo lo contrario, le estamos poniendo una competencia paralela y creo que esa oferta adicional de operadores de justicia sin control genera más riesgos que bondades. Además se pueden presentar conflictos de intereses.
-¿Los cambios en la Judicatura eran los esperados?
Era una necesidad la modificación de los órganos de gobierno y administración porque durante veinte años nos mostraron varias cosas: el de disciplina quera era susceptible a la política y que tenía unas funciones que eran inconvenientes y que manejan otros temas como el conocimiento de las tutelas. Entonces aunque se cambia de nombre, es algo muy parecido, aunque ese consejo de disciplina va a tener un origen algo diferente porque participan las tres cortes y no exclusivamente el Presidente y se le quitan las funciones de tutela. Y en el aspecto administrativo era necesario cualificar el recurso, aclarar las funciones, hacer más exigentes los requisitos y eso lo logra la reforma pero en nuestra opinión no lo hace adecuadamente porque tiene unas fallas muy graves en el diseño que no van a permitir la gobernabilidad en el sector.
-¿Qué va a pasar con el nuevo Código Contencioso?
Empieza a regir a partir de julio, creo que no estamos preparados para eso, ni la rama ejecutiva ni la rama jurisdiccional y adicionalmente con este terremoto que se está presentando en el órgano de gobierno, se va a implementar con muchísimos inconvenientes.
-¿Es conveniente aplazar la entrada en vigencia?
Ya no se puede aplazar, entra en vigencia, el congreso no está sesionando y sólo lo podría aplazar una ley de la República.
-¿Con la reforma desaparece la Sección Quinta del Consejo de Estado?
Ese es un argumento que le escuché al presidente del Consejo de Estado, pero no tengo conocimiento y no se en que funda sus temores.
-¿La reforma no garantiza el acceso a la justicia?
Es absolutamente ilimitado. La intención que tuvo el gobierno y que se plasmó en la reforma es ampliar la oferta de operadores entregando funciones jurisdiccionales a notarios, centros de conciliación y abogados particulares para que sean jueces adjuntos. Habrá jueces en todos los municipios y todos los procesos tendrán un tiempo razonable. Esas medidas facilitan el acceso. Lo que tenemos mucho temor es a la implementación porque parte de un diagnóstico equivocado. Y además porque algunas son inadecuadas.
-¿La reforma es irreversible?
Si, entra en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial y es irreversible. Hay tres maneras de atajarla pero ya entra en vigencia. Una es el referéndum revocatorio que se ha venido hablando, otra forma son las demandas de inconstitucionalidad que pueden ser parciales o completas y la otra es que el 20 de julio se presente otra reforma que corrija los yerros.
-¿El referendo puede ser el camino?
Me parece muy complicado de implementar y muy costoso, me parecen más expeditas las demandas de inconstitucionalidad.
-¿Y para el Huila que proyectos tiene la corporación?
Estamos haciendo el seguimiento a la implementación del Sistema Penal Acusatorio y lo estamos haciendo por departamentos. Tenemos varios proyectos que podríamos aplicar en el Huila como el de Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Además, estamos montando un observatorio sobre el nuevo Código Administrativo y de pronto en el encuentro previsto para septiembre en Neiva podríamos pensar en el lanzamiento.
PERFIL
Gloria María Borrero Restrepo, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, nacida en Neiva, es abogada de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho administrativo, con amplia experiencia en la dirección de proyectos de investigación, gestión jurisdiccional y reforma procesal, en Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. Como consultora internacional en temas de justicia, manejó el primer programa de justicia apoyado por la Usaid en Colombia. Integró el equipo de consultores del Proyecto Regional del Pnud “Gestión para la Gobernabilidad”.
