El Congreso obtendrá doble instancia en los procesos de pérdida de investidura.
En la noche del jueves, cuando la plenaria de la Cámara aprobó en su último debate la reforma de la justicia, el ministro del ramo, Juan Carlos Esguerra, expresó emocionado la satisfacción del Ejecutivo por la culminación de un año de duro trámite legislativo para el proyecto, en el cual hubo más críticas que ovaciones.
“Desde el fondo del corazón, en mi nombre y en el del Gobierno, a todos ustedes, muchas gracias. Les han demostrado a la República y a los escépticos que está bien que el titular principal de la función de reformar la Constitución sea el Congreso, y que las grandes reformas sí pueden hacerse en la sede natural de la democracia”, dijo.
Y sus palabras no podían ser para menos. Al hacer un balance en frío de lo aprobado, se ven los réditos que quedaron para el Legislativo y los altos tribunales, los cuales, sin embargo, tienen sus dudas sobre los beneficios para el país de la enmienda.
La posición de las cortes siempre fue crítica. Varias veces se separaron del debate y expresaron su inconformidad con algunos puntos que se iban aprobando, pese a que el presidente Juan Manuel Santos logró su voto de confianza en dos ocasiones.
Para las altas cortes se aprobaron beneficios como la ampliación de los periodos de sus magistrados y de la edad de retiro forzoso, se les dieron más recursos y se hizo una reestructuración de las entidades que orientarán la política de la rama y disciplinarán a jueces y abogados.
Este último cambio se logró con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tan cuestionado en los últimos años.
De otro lado, con las funciones jurisdiccionales que se les dieron a centros de arbitraje y de conciliación y a notarios y abogados se busca dar trámite a más de 2 millones de procesos represados hoy día; esta norma no terminó de convencer a las cortes.
Para el Congreso también hay dividendos: doble instancia en las investigaciones en la Corte Suprema y en los procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Los altos tribunales sienten que con este cambio disminuye su control sobre ellos.
Y con la eliminación de la Comisión de Acusación para el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, al Congreso se le alivió la carga de ser a la vez un órgano con funciones legislativas y jurisdiccionales. Ahora, se limitará a dar conceptos en un antejuicio político.
Al Gobierno también le fue bien porque, pese a las críticas, logró el apoyo de los congresistas para la aprobación de la enmienda, con excepción del Polo, que se retiró en el último debate.
Atrás quedaron los intentos fallidos del gobierno anterior por reformar la administración de justicia, emprendidos por los exministros Fernando Londoño y Fabio Valencia Cossio.
Tras la conciliación entre Senado y Cámara, la cual está prevista para el próximo martes, vendrá la expedición de varias leyes que reglamentarán aspectos como la nueva comisión que conocerá de las denuncias contra los altos dignatarios del Estado y la que fijará los límites a notarios y abogados para que ejerzan funciones jurisdiccionales. Amanecerá y veremos.
