Luego de muchas controversias nacionales que llevaron a enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Judicial, la Cámara de Representantes aprobó, el jueves en la noche, la enmienda constitucional que después de 10 años reforma a la justicia colombiana
Entre los principales cambios incorporados al texto que será conciliado la próxima semana, sobresalieron la eliminación de la Comisión de Acusación y el Consejo Superior de la Judicatura; la doble instancia para juzgar los congresistas y la ampliación a 70 años a la edad de los magistrados de las altas cortes para su retiro.
La iniciativa también amplió la permanencia en el cargo de estos últimos de 8 a 12 años, y como mecanismo de descongestión permitirá, por un tiempo limitado, que los abogados y los notarios hagan las veces de jueces para solucionar estos litigios.
Al respecto, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, manifestó que la reforma judicial en sí misma no afecta en lo más mínimo los procesos actuales y futuros y añadió que lo que se necesita es incluir más personal para lograr un desarrollo óptimo y eficiente de los trámites.
Por su parte, Wilson Ruíz, especialista en Derecho Administrativo, sostuvo que en el transcurso del desarrollo judicial del país, los procesos se están resolviendo y adelantando con una mayor rapidez y eficiencia que hace un par de años.
Sin embargo, los dos analistas coincidieron en que esta reforma está abierta para crear división. En ese sentido, citaron como ejemplo el artículo que permite que abogados y notarios entren temporalmente a hacer las veces de jueces, con el fin de ayudar a evacuar los más de tres millones de procesos que están represados.
Sobre este último aspecto, el exmagistrado de la Corte Constitucional y especialista en Derecho Constitucional, José Gregorio Hernández, manifestó que es una “verdadera lástima que se haya insistido tanto con la privatización de la justicia”.
Su apreciación fue compartida por Ruíz, tras considerar que “los particulares no pueden administrar justicia, porque esto es una clara y evidente privatización del sistema. Ningún abogado va administrar sentencia si no le pagan”, afirmó en consonancia con la directora de Excelencia en la Justicia.
