23 de noviembre de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Tiempo. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
En los últimos años, sentencias en el Sistema Penal Acusatorio se lograron por negociación: informe.
Aunque Amaury García Berrocal, alias Niche, fue capturado cuando intentaba huir del lugar donde asesinó a un funcionario de la Gobernación de Cundinamarca en agosto pasado, dijo que no acepta los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas que en principio le imputó la Fiscalía. Ahora negocia con el organismo acusador un preacuerdo mediante el cual, por aceptar los cargos, lograría una rebaja de pena.
Este es uno de los casos que demuestra lo hallado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) tras un análisis de las cifras de la Fiscalía sobre condenas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), entre 2011 y 2017. Este concluye que si bien anteriormente la mayoría de las condenas se lograban por aceptación de cargos, en la actualidad es por preacuerdos, con un 42 por ciento del total de las condenas, contra un 26 por ciento que sí se dan por aceptación de cargos, y 16 por ciento en el juicio oral.
Según las consideraciones de la CEJ, esto puede deberse a que en el 2011 la Ley 1453 restringió los beneficios por aceptación de cargos en situaciones de flagrancia, lo cual en la práctica significó que para los presuntos delincuentes ya no hubiera incentivos para allanarse a cargos y buscaran más bien llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, para lograr un beneficio, como la rebaja de pena.
Para el director de la CEJ, Hernando Herrera, esto es positivo porque, pese a que implica una negociación entre la Fiscalía y el presunto delincuente, también significa que se logra una mayor descongestión judicial y celeridad en la terminación de los casos.
Así piensa también el penalista Hugo Quintero, quien explica que el aumento de condenas con preacuerdos demuestra un buen trabajo de la Fiscalía, ya que el Sistema Penal Acusatorio fue diseñado para que la mayoría de las sentencias se logren gracias a mecanismos anticipados de condenas (como preacuerdos) o la aceptación de cargos.
No obstante hay críticas porque, como se trata de una negociación, al presunto criminal le pueden cambiar o remover delitos, quitarle causales de agravación, o, como en el caso de ‘Niche’ (quien en sus primeras declaraciones dijo que su objetivo real era el exparamilitar Luis Eduardo Cifuentes, el ‘Águila’), puede acordarse que no tenga que delatar al que lo contrató para cometer el homicidio ni dar detalles sobre el error que cometió en el asesinato.
Ante esto, Herrera comenta que si bien los preacuerdos implican que no se llegue a juicio, la última palabra la tienen los jueces, quienes deben avalar lo negociado, garantizando que se cumplan condiciones como el conocimiento de la verdad frente a un hecho.
Por el contrario, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, estima que el aumento de preacuerdos es signo de un “fracaso” del Sistema Penal Acusatorio, ya que no se está garantizando que el Estado tenga un sistema de investigación que haga que los capturados, abrumados por las pruebas, acepten cargos.
El exfiscal añade que “muchas veces, los preacuerdos llevan a más casos de impunidad. Por ejemplo, en el ‘carrusel’ de la contratación, algunas personas no pagaron ni un día de cárcel por haber hecho imputaciones no siempre de importancia”.
Absoluciones han crecido
Al tiempo que el análisis del CEJ destaca el aumento de los preacuerdos, también muestra un incremento de 7 por ciento en las absoluciones entre 2011 y 2017.Tanto la corporación como el abogado Quintero concuerdan en que esto puede deberse a que se formulan imputaciones sin suficiente sustento, a la falta de contundencia de la investigación y a la inadecuada preparación del juicio.
“Así como la Fiscalía hace bien su trabajo para llegar a preacuerdos, ese mismo trabajo no está hecho excelentemente como para llegar una condena”, comentó Quintero. También mencionó que al quitar los beneficios por allanarse a cargos, los delincuentes prefieren enfrentar un juicio que, a veces, por la falta de contundencia de las investigaciones, termina jugando a su favor.
Es lo que habría sucedido en el caso de Mateo Gutiérrez, joven acusado de cometer atentados en Bogotá. Este mes, un juez lo absolvió tras dos años de detención porque, dijo, la Fiscalía no pudo probarle nada.
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