Con el paro que iniciaron el pasado lunes más de 1.200 funcionarios de la Fiscalía ubicados en el edificio Los Conquistadores, la aplicación de justicia en Cali se encuentra, una vez más, en vilo.
Hoy no hay quién reciba las cerca de cien denuncias diarias que se hacen en promedio en esa sede.
Así lo constató Sandra Mosquera, madre de dos menores, quien luchó durante toda la mañana en las oficinas de la Avenida Roosvelt para poner una demanda por alimentos, pero su problema no fue atendido. “Necesito que el papá de estas peladitas me responda por la comida, pero ahora me va tocar esperar quién sabe cuánto para que me atiendan porque están paro”, comentó la afectada.
La situación puede ir más allá de padres que no responden por la manutención de sus hijos e, incluso, podría generar que personas capturadas por delitos más graves queden en libertad.
Desde primeras horas del día, la Unidad de Reacción Inmediata, URI, ubicada en el barrio Santa Anita, dejó de recibir las personas capturadas por la Policía, las cuales son llevadas allí para hacerles la legalización de la captura y posteriormente remitirlos ante un juez de control de garantías.
Hay que recordar que la comunidad aledaña a esta sede presentó una acción popular solicitando su traslado, por los inconvenientes de seguridad que genera tener esta dependencia en un sector residencial.
Funcionarios de esa URI y la presidenta de Asonal Judicial, Esperanza Delgado, le confirmaron a El País que por el momento sólo se están recibiendo los casos de homicidios y violación contra menores. La Policía aseguró que las URI ubicadas en Siloé y Aguablanca operan de manera normal, pero en caso de prolongarse el paro, la directora de Asonal aseguró que estas oficinas podrían tomar medidas similares a las de Santa Anita.
El pasado lunes, en horas de la madrugada, personas ingresaron al interior de una Fiscalía ubicada en el oeste de la ciudad y se llevaron varios expedientes
¿Cuál es el problema?
Según dicen varios fiscales, técnicos y auxiliares consultados, el objetivo del paro es protestar por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran.
Los empleados aseguran que tienen que atender al público en medio de escombros y trabajar rodeados por cientos de expedientes tirados en el piso. Además, 400 personas deben compartir un solo baño.
Dichos inconvenientes han generado problemas de salud entre los empleados como estrés, gripa, afecciones respiratorias y distintos brotes virales.
El problema radica en que las oficinas del edificio de Los Conquistadores fueron adaptadas para que funcionaran la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la Unidad de Lecciones Personales, Justicia y Paz y estructuras de apoyo, pero después del atentado contra el Palacio de Justicia el 1 de septiembre, a este mismo espacio se trasladaron la Dirección de Fiscalías, el Cavif, el Caivas, las salas de atención al usuario, los departamentos de estadística, sistemas y distintos fiscales con sus auxiliares.
A esto se suma que el traslado de algunas dependencias al centro de la capital del Valle no ha dado resultado porque la condiciones físicas de esas oficinas tampoco son las idóneas.
Esperanza Delgado explicó que “los trabajadores se han ido pasando poco a poco al edificio San Francisco en el centro, pero no hay cableado estructural ni condiciones óptimas y el 70% del inmueble aún continúa ocupado por los arrendatarios anteriores”.
Libres jóvenes infractores
Otro problema que enfrenta la justicia tiene que ver con la incapacidad para retener a los jóvenes delincuentes en un recinto apropiado. Cali es, después de Bogotá, la ciudad con más jóvenes delincuentes en las calles. Así lo indicó la juez de conocimiento, Lida Rubia, quien asegura que la causa del problema radica en que el Instituto de Bienestar Familiar sólo contrata 60 cupos para privación de libertad de menores de edad en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.
La togada afirmó que “los Jueces de Conocimiento no sólo dictan el fallo, sino que también deben gestionar un cupo para que los jóvenes sentenciados sean recluidos allí”. En caso de no encontrar uno, éstos deben ser dejados en libertad.
También preocupa al sector judicial que de acuerdo a la ley, sólo los menores de 14 años en adelante pueden ser judicializados, mientras que en las calles de la ciudad aumentan los delitos a manos de jóvenes de 12 y 13 años de edad.
Posibles cambios
• Alejandro Padrón, fiscal seccional de Cali, había anunciado que se prepara una reorganización interna de los despachos de esta entidad.
• En Los Conquistadores funcionarán las unidades que siguen los casos que están bajo la antigua Ley 600.
• En el edificio San Francisco funcionarán los despachos que manejan los casos por la nueva Ley 906.
El País / 25 de febrero de 2009
