Bogotá, 8 de junio de 2020. A continuación, se realiza una transcripción de la editorial publicada por el diario La Opinión. El texto fue tomado de su página web.
“Si se ha llegado a tan alto número de acciones de tutelas no cumplidas es que hay una especie de contumacia contra las decisiones de los jueces”.
La tutela, mecanismo legal de amparo y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, fue uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 y ha sido una de las principales herramientas en la lucha contra la inequidad y la corrupción.
Las cifras no pueden ser más deplorables: el año pasado, siete de cada 10 órdenes de tutela no se cumplieron por parte de las entidades y funcionarios encargados de darles cumplimiento. El 66 por ciento de los casos en que un juez concedió una tutela, tuvo después que iniciar una acción de desacato, porque el accionado no cumplió el fallo.
Esto significó demoras y contratiempos para los accionantes y el no cumplimiento de la protección de sus derechos.
En el 2018 hubo desacatos en el 45 por ciento de las tutelas radicadas; en el 2017 fue del 37 por ciento, y en el 2016, esa cifra fue del 45 por ciento.
Según las estadísticas de la Judicatura, el año pasado, de cada 100 tutelas falladas por salud, en 60 hubo que recurrir a las acciones de desacato, por el incumplimiento o la desobediencia de los fallos.
Con o sin pandemia, el derecho a la salud es el más entutelado en Colombia, pero también el más desacatado.
¿Qué lleva o motiva a las entidades y funcionarios a no cumplir los fallos de tutela?
Se podrían ensayar o insinuar algunas explicaciones. Es evidente que los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema judicial y en casi todas las instituciones del Estado. Los frecuentes escándalos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, del vencimiento de términos, de los testigos falsos, de la compra de estos, de las coimas y torcidos en los procesos de selección y nombramientos de jueces y magistrados, los carteles de la toga, el hacinamiento en las cárceles, etc., son hechos nocivos que afectan en forma tremenda la credibilidad y el recto funcionamiento del sistema judicial. Las reformas que se han hecho o se han intentado resultan un remedio peor que la enfermedad, como se dice coloquialmente.
Para el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, “si se ha llegado a tan alto número de acciones de tutelas no cumplidas es que hay una especie de contumacia contra las decisiones de los jueces”. La misma situación que se registra en otros frentes, no cumplir las normas, ni siquiera las más elementales de convivencia, alegando cualquier pretexto.
Todo este panorama no puede ser más preocupante y tiene que llevarnos a reflexiones y compromisos de fondo que involucren al Estado, a la academia, a todas las autoridades, a los partidos políticos, a los gremios, a las universidades y a toda la sociedad en general.
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