Las dos cabezas más visibles del uribismo en el Congreso, el senador Juan Carlos Vélez y el representante Miguel Gómez, impulsan sendas propuestas para una Constituyente.
La propuesta de los sectores uribistas de convocar una Asamblea Nacional Constituyente tiene más sentido como herramienta política contra el gobierno Santos que como camino para resolver la crisis institucional.
El fantasma de la Asamblea Constituyente está de vuelta. En medio de las voces que proponen salidas a la hecatombe política de la reforma a la Justicia, el uribismo baraja la idea. Se trata de proponer al Congreso un proyecto de ley que convoque una asamblea integrada por muchos sectores para así reformar la Carta Política de 1991.
El senador de La U Juan Carlos Vélez explicó que el objetivo es reformar la Justicia “no para reelegir a Uribe”. En su criterio, tampoco se trata de cambiar la Constitución por otra, porque la ley vigente no lo permite. La asamblea sería una especie de ‘Congreso paralelo’ dedicada a estudiar los problemas de la Justicia y limitada por la ley. Otra voz uribista, la del representante Miguel Gómez, también anunció que presentará un proyecto de ley para convocar una constituyente con el fin de abordar cinco temas: la reforma a la Justicia, no a la reelección presidencial, un régimen político de regiones, la salud y la educación.
La vía jurídica de la constituyente está trazada por la misma Constitución: “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine”, dice la norma que está aún sin estrenar.
Aunque las propuestas de Vélez y Gómez difieren en los detalles, surgen ambas como respuestas a la peor crisis política que le ha tocado al gobierno de Santos. Por eso hay quienes la ven con desconfianza. “Algunos pescadores de río revuelto quieren aprovechar esta crisis para proponer estados bizarros de conmoción interior y constituyentes. No es que quieran reformar la Justicia, sino echar al traste la gobernabilidad”, dijo el senador Roy Barreras, de La U.
La idea de una constituyente no es nueva. Sectores de derecha, inconformes con las condenas a militares como el coronel retirado Alfonso Plazas Vega hicieron una propuesta similar a comienzos de año. Y a mediados de febrero, desde la clandestinidad, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo escribió una carta en la que invitó a los uribistas a comprometerse con la convocatoria a una constituyente y a oponerse a la reelección. Ninguna de las dos iniciativas prosperó.
No obstante, la ‘tormenta’ de la fallida reforma a la Justicia, cuyos efectos no han terminado, atizó nuevamente ese carbón encendido. El expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Reforma a Justicia: primero que Gobierno y Congreso encuentren manera de suspender aplicación; segundo, Constituyente”. Mientras el Congreso discutía las objeciones del gobierno a la reforma, un grupo de cerca de 20 personas, entre las que están el exministro del Interior Carlos Holmes Trujillo y el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, discutió cuál sería el mejor mecanismo para convocar la constituyente.
El problema es que, de llevarse a cabo, esta idea podría desatar todos los demonios. La jugada política podría ser aprovechada por críticos de la actual Carta para reversar sus alcances. Pero también por sectores de izquierda para incorporarse a la legalidad. La semana pasada Antonio García, jefe del Ejército Nacional de Liberación (ELN), dijo que esa era la vía hacia un eventual diálogo de paz con la guerrilla. Ninguna tendencia cree que los contrarios respetarán los elementos positivos del actual ordenamiento.
Pero el obstáculo más protuberante es que un proyecto como este sufre una paradoja: debe pasar por el Congreso, una de las instituciones más vapuleadas por la crisis y en la que el país no confía como agente de cambio. Blandir la convocatoria a la Asamblea Constituyente podría convertirse en una eficaz arma política de los opositores para minar a la Casa de Nariño. Por otro lado, hacerla realidad no solo es difícil sino también peligroso.
