La prioridad del Gobierno de lograr un acuerdo de paz negociado con la guerrilla fortalecería igualmente el Estado de Derecho en la medida en que, como lo señala el Plan, la relación financiera entre grupos armados y narcotraficantes ha intensificado el conflicto armado y presionado la justicia.
Entre las diez estrategias del Plan, la judicial y de derechos humanos dirige su atención a: 1) combatir distintas modalidades del crimen organizado, con énfasis en narcotráfico y secuestro; 2) adoptar acciones especiales anticorrupción y de lucha contra el contrabando; 3) promover el respeto y la protección de los derechos humanos. Para ello, el país asume el compromiso autónomo frente a la comunidad internacional de tomar medidas para construir una administración de justicia equitativa, eficaz y transparente. En especial, el Gobierno plantea reformas urgentes en la justicia penal, incluyendo la adopción de un sistema acusatorio para combatir con eficacia al crimen, sin sacrificar la protección de los derechos humanos.
El apoyo que proporcionaría el Plan Colombia es esencial dada la coyuntura de las finanzas públicas y las exigencias de adecuación de infraestructura, capacitación de jueces, fiscales y defensores, que demandará la transición gradual al nuevo sistema. Este permitirá procesos penales más ágiles; investigaciones más efectivas; jueces que actúen como árbitros imparciales del proceso en juicios orales donde se evalúan los argumentos de quien acusa y de quien defiende; fiscales que no detengan a las personas y adopten otras medidas que afectan sus libertades sin que medie la intervención de jueces de garantías.
No es cierto que el Fiscal pase a ser funcionario dependiente del Ejecutivo. No. Tampoco se trata de copiar leyes de un país. Es sabido que el sistema acusatorio se ha adaptado en América Latina y Europa y será la esencia de la Corte Penal Internacional ya aprobada por Colombia y otros 162 países. Jurisprudencia de la Corte Constitucional permitiría además introducir estas reformas sin modificar la Constitución.
El Gobierno tiene una coyuntura favorable para comenzar a canalizar apoyo externo al componente justicia del Plan Colombia. Por unanimidad, la Cámara de Representantes negó su aprobación en diciembre pasado al Código de Procedimiento Penal. El Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la academia, Colegios de abogados y de jueces y fiscales, han expresado también su claro compromiso con el esquema acusatorio frente a un esquema vigente que está colapsado. Oportunidad única tiene el Congreso de evitar otra reforma apresurada del proceso penal y de lograr fortalecer la justicia.
* Director Ejecutivo Corporación Excelencia en la Justicia
El Tiempo / 9 de marzo de 2000
