Así quedó en la ponencia de la reforma de la justicia, que se debate en Comisión Primera.
Un plazo de 90 días para dar sus conceptos tendrán las dos comisiones de aforados que recibirán y estudiarán las denuncias contra el Presidente y el Vicepresidente por un lado, y contra el Fiscal y los magistrados de las altas cortes por el otro.
Según la ponencia de la reforma de la justicia, que se debate este miércoles en el séptimo de ocho debates en la Comisión Primera de la Cámara, dentro de las funciones de esas nuevas comisiones están “rendir informe motivado a la Plenaria de la Cámara de Representantes, dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción de una denuncia o queja que se considere fundada, en el que se establezca si hay mérito o no para presentar solicitud de juicio político ante el Senado”.
Este plazo se enmarca dentro de los cambios que se le hicieron al juzgamiento de los aforados con relación a lo aprobado en sexto debate en la plenaria del Senado.
Otra de las modificaciones del texto de ponencia es que los congresistas investigados tendrán que declararse impedidos para el trámite de las leyes que desarrollen esta reforma a la Constitución, contrario a lo que aprobado en Senado.
Igualmente, los magistrados de las altas cortes, del Consejo Nacional Electoral, el Procurador, el Fiscal, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Registrador, no podrán postularse a cargos de elección popular durante los dos años siguientes al desempeño de su labor.
El representante a la Cámara del Polo Germán Navas radicó una ponencia pidiendo el archivo del proyecto de acto legislativo, el cual procederá a votarse en el transcurso del debate, el cual comenzó con dos horas y quince minutos de retraso.
‘Reforma de la justicia comenzó como paella y terminó siendo un mal arroz con pollo’
Así lo manifestó el representante a la Cámara del partido de ‘la U’ e integrante de la Comisión Primera Miguel Gómez, previo al debate de la enmienda a la Carta Política.
“En este momento, la reforma a la justicia es una paella judicial llena de cuerpos extraños donde hay para todos los gustos pero es muy poco coherente. Empezó como una paella y terminó siendo un mal arroz con pollo”, manifestó el congresista.
Para Gómez “los cambios que se le introdujeron a esta reforma no resuelven los problemas estructurales de la justicia”, y advirtió que la congestión judicial en el país está llegando al setenta por ciento.
“Desde la comisión redactora se vio un panorama esperanzador, apuntaba a una transformación sustancial de la justicia pero, a medida que avanzaron los debates, se fue enfocando en el equilibrio de poderes y juzgamiento de aforados y no en lo realmente importante: la administración de justicia”, afirmó Gómez.
Antejuicio político a Fiscal y magistrados de altas cortes solo será por conductas relacionadas con su labor
De acuerdo con el representante a la Cámara Guillermo Rivera, los juicios políticos que se realizarán en el Congreso contra estos altos funcionarios del Estado solamente cobijarán delitos, denuncias o conductas que tengan que ver con el cumplimiento de sus funciones.
El congresista se refiere al concepto que debe emitir la comisión de aforados a la plenaria de la Cámara sobre las supuestas irregularidades que hayan cometido estas personas.
Según el congresista liberal, “si, por ejemplo, el Fiscal o un magistrado de una alta corte es denunciado por inasistencia alimentaria”, ese proceso no irá al Congreso sino que “la Cámara inmediatamente lo remite a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema, para que evalúe su hay mérito o no para realizar una investigación penal”.
Rivera también explicó que el Presidente y el Vicepresidente, que pertenecen a otro grupo de aforados, también serán sometidos a un antejuicio político en la Cámara, de parte de una comisión compuesta por “cinco representantes a la Cámara con título de abogados”.
Luego de este procedimiento, esa comisión enviará un concepto a la plenaria que decidirá si le pide al Senado o no que se le haga un juicio de carácter político al alto dignatario, que puede derivar en la separación del cargo o en la suspensión de sus derechos políticos.
La plenaria de la Cámara prevista para la tarde de este miércoles fue suspendida para permitir el avance del séptimo debate de la reforma de la justicia, en la Comisión Primera de la Cámara.
