Presidente de CSJ denunció amenazas

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Julio Enrique Socha Salamanca, denunció que recibió un sobre que contenía un sufragio, como amenaza de muerte en su contra.

Aunque Socha cuenta con garantías de seguridad, le preocupa que estos hechos estén ocurriendo con los magistrados, quizá por causa de sus decisiones al interior de la Corte.

Al cierre de la reunión de la sala Plena no se tocó el tema de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Se espera que con la visita del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el próximo lunes al alto tribunal, se defina quien remplazará a Mario Iguarán Arana.

Plan criminal contra personalidades

Un plan criminal contra del magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos dirigentes políticos y un ex comisionado de Paz se estaría fraguando en Bogotá y está en conocimiento de las autoridades.

El plan estaría encaminado en atentar contra la vida de los magistrados Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Jaime Alberto Arrubla Paucar, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y uno de sus fieles seguidores, el senador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y contra el ex comisionado de Paz Víctor G. Ricardo.

Uno de los amenazados, Vargas Lleras, se enteró de la noticia en el estudio de Caracol Radio, y expresó estupor por cuanto conocía del plan contra Ibáñez y Lara, pero desconocía que estuviera “en la lista”.

“Yo le envié una carta al ministro de Defensa pidiendo mayores medidas de protección al senador Lara, y hablé con el general Naranjo (director de la Policía), sobre el mismo caso, pero jamás me mencionaron que el plan también va contra mí”, dijo Vargas con extrañeza.

Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, dijo que conocía del supuesto plan y ha pedido mayor protección. Y expresó confianza en los organismos de seguridad del Estado no solo para develar el plan sino también para garantizar la integridad de las personas.