La suerte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, principal organismo de inteligencia del Estado, volvió a quedar en el ojo del huracán, tras el nuevo escándalo por las presuntas interceptaciones telefónicas a políticos, periodistas y funcionarios del Gobierno.
Ante los reiterados escándalos por espionaje, tráfico de información, y vínculos de varios de sus funcionarios con narcotraficantes y paramilitares, el debate se centra hoy en si se debe acabar o no con el organismo de seguridad.
Hay quienes consideran que ha llegado la hora de suprimir definitivamente esta entidad, mientras otros creen que es cuestión de replantear su estructura o, en su defecto, crear una entidad nueva.
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria le aseguró ayer a El País que “es necesario averiguar, primero que todo, si algún grupo delincuencial pudo infiltrar el DAS, antes de entrar a reflexionar sobre el futuro del organismo de seguridad”.
“Habrá que ver si una organización criminal logró permear el DAS y usar sus instrumentos técnicos para grabar a funcionarios del Gobierno, miembros de las altas cortes y algunos periodistas. También si existen deficiencias estructurales o si fue un positivo criminal en auspicio con algunos medios de comunicación que se han dedicado a comprar esa información”, señaló Gaviria.
El vocero del Partido Liberal, Héctor Helí Rojas, criticó fuertemente las interceptaciones y aseguró que “es necesario tomar medidas radicales”.
Incluso, afirmó que este nuevo hecho “confirma que desde la situación de Jorge Noguera (ex director del DAS investigado por parapolítica) hay una política oficial de interceptación y violación al derecho de la intimidad, así como de vigilancia policiaca a la oposición”.
El parlamentario desestimó que sean funcionarios de mediano rango los autores de las llamadas ‘chuzadas’. “Nos quieren distraer y las verdaderas cabezas quedarán limpias”, por lo que sugirió que “la única solución es acabar con el DAS”.
“Si es cierto que la institución está infiltrada por la mafia, lo que hay que hacer es acabarla y pensar en crear una nueva entidad encargada de la inteligencia oficial con carácter civil y de respeto a los derechos humanos”, dijo.
Esa posición fue desestimada por José Obdulio Gaviria, quien aseguró: “La oposición sabe que las víctimas de esas interceptaciones somos los miembros del Gobierno y ellos están utilizando esa información, en asocio con los mismos criminales, por lo que esta situación se ha tornado sumamente peligrosa”.
El Director del DAS dijo que crearán, junto con la Fiscalía y el Ministerio Público un grupo de élite que investigará esas denuncias.
Posición oficial
Por su parte, el director del DAS, Felipe Muñoz, dijo que “hay la total disposición de los funcionarios para que se inicie la investigación”.
El Gobierno también opinó frente al debate. Los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, señalaron que se trata de “un claro caso de infiltración de las mafias en organismos del Estado”.
Según Valencia Cossio, el propio Gobierno está siendo víctima de los actos de un grupo aliado con la mafia para suministrar información de todos los sectores de la sociedad.
Agregó que confía en la actuación de la justicia y en que se de pronto con los responsables de “estos actos criminales”.
Santos llamó “delincuentes” a quienes realizan las interceptaciones y dijo que el objetivo de estas personas es desprestigiar el gobierno de Álvaro Uribe.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Javier Ricaurte, confirmó que hoy lunes todos los integrantes del Alto Tribunal se reunirán para tomar decisiones frente al caso y que al término del encuentro habrá un pronunciamiento del Tribunal.
Por su parte, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, exigió al DAS y al Alto Gobierno una pronta explicación y agregó que esa institución no resiste un escándalo más “sin que se tomen medidas de fondo para erradicar su corrupción interna”.
El jefe del Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que las ‘chuzadas’ atentan contra la separación de poderes y la libertad de prensa, pero no comparte la idea de cerrar el DAS, “pues es un problema que viene de tiempo atrás”.
El senador Gustavo Petro manifestó que “es indudable que la orden de las interceptaciones proviene del Presidente” y que es necesario reformar el servicio de inteligencia DAS y pasar sus oficinas y funciones a la Fiscalía.
Reacciones
María del Pilar Hurtado indicó que está dispuesta para ser investigada sobre sus actuaciones mientras fue subdirectora y directora del DAS.
El procurador Alejandro Ordóñez precisó que el Ministerio Público ya inició una investigación disciplinaria.
Entre los ‘chuzados’ figuran, según la revista Semana, los magistrados Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez y los periodistas Darío Arizmendi, Alejandro Santos, Julio Sánchez y Daniel Coronell.
La Fiscalía investiga las ‘chuzadas’
Agentes del CTI de la Fiscalía iniciaron ayer un operativo en la sede del DAS, en el que buscarán pruebas de las interceptaciones telefónicas.
“Con ocasión del tema de las ‘chuzadas’ hemos destacado a dos fiscales y a diez expertos en telecomunicaciones que aplicarán un programa metodológico en el que se ordena el registro a las instalaciones del DAS. Un registro a las salas externas e internas y a los equipos tácticos que operan en satélite, así como a los equipos portátiles”, explicó el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán.
El objetivo, según Iguarán, es recoger material probatorio ante la denuncias de interceptación de llamadas y correos electrónicos.
También dijo que ofrecía todas las garantías de ley para que los implicados denuncien quién está detrás de las ‘chuzadas’ y anunció que dependiendo de la gravedad de la situación, se suspenderían las salas en donde se realizan las interceptaciones.
“Vale resaltar que lo que aquí hay es una total y absoluta coordinación para que se avance en el proceso de investigación”, agregó Muñoz, quien manifestó que es claro que existe es “una red mafiosa, que es un atentado contra la seguridad nacional, por el nivel y las personas que presuntamente están infiltradas”.
El País / 23 de febrero de 2009
