En estos días se desarrolla una discusión sobre una de las decisiones más importantes para la institucionalidad del país: la elección del Fiscal General. En Colombia, uno de los países del mundo con la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, corrupción a todos los niveles y con una criminalidad enorme, este funcionario debe liderar la investigación de los casos por todos los delitos penales que se comentan en el país y asegurarse de que queden lo suficientemente respaldados para que se haga justicia.
La Corte Suprema de Justicia elegirá el próximo 23 de julio el reemplazo de Mario Iguarán. Para conocer su pensamiento, perfil y trayectoria, el próximo 9 de julio los magistrados harán una audiencia pública en la que escucharán a los candidatos que quisieran ocupar ese importante cargo.
Los tres seleccionados por el presidente Álvaro Uribe para conformar la terna son Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina. Todos son considerados de la entraña del uribismo y, aunque no es un requisito, ninguno tiene una experiencia en derecho penal.
Por los constantes ataques del gobierno a la Corte, y las duras respuestas que esta ha dado, se podría pensar que los magistrados le van a dar la mayor importancia a aquél candidato que tenga la mayor distancia e independencia con el Ejecutivo. No obstante, en este punto las opiniones en la Corte son diversas.
En lo que sí parecer haber mayor consenso es en la necesidad de escoger un Fiscal General que les de todas las garantías de firmeza y temple a la hora de investigar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Uno que sea capaz de sacar adelante el lento y complejo juzgamiento de los paramilitares y guerrilleros desmovilizados y asegurarse que al final no haya total impunidad; uno que investigue y llegue al fondo de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas con complicidad de las Fuerzas Armadas y contribuya a que todos en esta institución adopten caminos legítimos para combatir a los enemigos de la sociedad colombiana.
No hay que olvidar que la Corte Penal Internacional tendrá jurisdicción sobre estos delitos sin estos no son juzgados debidamente en Colombia. Y si la Corte escoge a uno que no entiende la magnitud de lo que tiene entre sus manos, se podrá terminar haciendo corresponsable de un gran fracaso. El hecho de que ninguno conozca a fondo el derecho penal, y menos el derecho penal internacional, los pone de entrada en una situación bastante frágil frente a estos retos.
Por esta razón tampoco es de descartar que la Corte Suprema se de la pela y decida que en la terna ninguno cumple los requisitos para ocupar el exigente cargo y la devuelva a la Presidencia para que escoja.
Estos son en breve los candidatos:
Juan Ángel Palacio
Su nombramiento lo cogió por sorpresa la noche del pasado viernes, pues fue llamado por el gobierno luego de que el ex magistrado Rodrigo Escobar Araujo declinara su participación en la terna.
Este lunes, en La W, el ex magistrado Palacio dijo que no era ningún inconveniente que no fuera un experto en derecho penal, “porque soy especialista en derecho público, conocedor del debido proceso y he hecho obras de derecho procesal y probatorio. No soy especialista en derecho penal pero sí estoy obligado a estudiarlo como cualquier abogado”, dijo. Agregó que admiraba al Presidente, pero que no tenía ninguna relación con el gobierno.
No obstante, su posición frente al gobierno quedó en evidencia con sus opiniones respecto a la investigación que abrió la Corte Suprema a 86 representantes de la Cámara por haber votado el referendo reeleccionista.
Palacio no estuvo de acuerdo con el hecho de que los congresistas fueran investigados por haber votado la polémica iniciativa de consulta popular, a sabiendas de que las cuentas de su financiación no están certificadas por la autoridad electoral. Y fue invitado por el gobierno a exponer sus argumentos a los congresistas temerosos. Vea el artículo:
En ese momento dijo que “si se admitiera que por una denuncia penal se configura un impedimento, llevaría a que en todos los eventos en que se quisiera paralizar una decisión, alguien denunciara penalmente a los congresistas”. Dijo que la única razón para que un congresista no vote un proyecto es porque se enfrenta a un conflicto de interés.
Virginia Uribe Betancur
Hasta en Medellín, su ciudad natal, la noticia cogió por sorpresa al gremio de abogados. Uribe es conocida por ejercer el derecho comercial, la mayor parte de su carrera, que comenzó en 1974 una vez se graduó como abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Desde esa época a ejercido su profesión como asesora y litigante. Durante buena parte de su vida compartió una oficina de abogados con su hermana Cecilia en el centro de Medellín.
Sus vínculos con el presidente Álvaro Uribe se remontan a la época en la que él era gobernador de Antioquia (1995 – 1997) pues ella trabajó con él como asesora en algunos temas concernientes a las contrataciones y en 2002 comenzó a trabajar como asesora externa del Ministerio de Transporte. Además, contribuyó a la redacción de unos decretos reglamentarios de la ley que modificaron la contratación administrativa.
Aunque es conocida su cercanía con el ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, su verdadero enlace con el actual gobierno es el Ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, con quien ha trabajado también desde la época de Uribe en la Gobernación de Antioquia en la que Gallego era el Secretario de Infraestructura.
Uribe no ha tenido experiencia académica. Aunque es una estudiosa del derecho comercial – el año pasado terminó una especialización en derecho administrativo de la Universidad de Medellín- nunca ha sido catedrática en las facultades de derecho.
Para algunos expertos en el tema jurídico, la designación de la abogada Uribe en la terna para Fiscal General no es más que una muestra de que el próximo fiscal ya tiene nombre propio, Camilo Ospina. “Ponen a una persona de bajo perfil y sin visión de país para que la elección quede más fácil”, le dijo a Semana.com una profesora de Derecho de Medellín que conoce a la candidata.
Camilo Ospina
Es el más conocido de todos los ternados. Es el favorito del gobierno y evidencia de ello es que desde que renunció a ser el representante permanente de Colombia en la Organización de Estados Americanos, era conocida su postulación.
En este cargo es recordado por su defensa de la doctrina de la legítima defensa después de que estallara el conflicto diplomático con Ecuador, tras el bombardeo del Ejército colombiano al campamento de Raúl Reyes ubicado en el vecino país.
En los últimos días, ha sido cuestionado por ser el autor de la política de recompensas de este gobierno. Desde varios flancos se argumenta que la falta de precisión y la mala interpretación de esta dio lugar a la ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
Uno de los temas que le preocupa a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia es el futuro de los procesos a los militares implicados en los hechos de la toma del Palacio de 1985. Esa investigación se reabrió gracias al Fiscal Iguarán. Por esta razón, ven con desconfianza el hecho de que Ospina haya tenido como uno de sus hombres de confianza en la Misión ante la OEA an un sobrino del coronel Alfonso Plazas Vega, Carlos Iván Plazas.
Ospina es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. En esa misma universidad se especializó en derecho administrativo y ha sido docente, y vicedecano. También ha sido profesor de la Universidad de los Andes, del Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Como profesor, según uno de sus alumnos entrevistado por Semana.com es disciplinado y cumplidor de su deber.
De los ternados es quien más ha ocupado cargos importantes: Secretario Jurídico de la Presidencia de la República (2002-2005), Ministro de Defensa Nacional (2005 -2006) y diplomático ante la OEA.
