La Corte Constitucional de Colombia tiene fama en todo el continente. Sus sentencias les ‘tiran línea’ a los juristas tanto en el país como fuera de él, pues ha sido considerada una institución profundamente liberal y moderna. Por eso la elección de seis nuevos magistrados, de nueve que la componen, generó nerviosismo en muchos sectores de la opinión pública. En medio de las tormentas institucionales que ha vivido el país en los últimos meses, del choque de trenes entre Ejecutivo y Justicia, y entre las propias Cortes, muchos temían que la elección de los miembros de los altos tribunales se convirtiera en una batalla política para darle el zarpazo a una de las instituciones más queridas por los colombianos.
Sin embargo, la elección de los primeros cuatro nuevos magistrados ha calmado los ánimos. Políticamente, se puede decir que ganaron la moderación y el centro. En materia puramente jurídica, si bien no se trata de los vanguardistas del derecho, son todos ellos abogados de probada trayectoria y de reconocida solvencia intelectual.
De las ternas enviadas por el Consejo de Estado fueron elegidos Juan Carlos Henao y Gabriel Eduardo Mendoza, ambos especialistas en derecho administrativo y con reconocimiento en ese terreno. Henao es caleño y aunque tiene una larga trayectoria en la justicia, como litigante, conjuez, y magistrado auxiliar del Consejo de Estado, se le reconoce como académico y profesor universitario. A lo largo de su carrera ha mostrado un talante liberal y se le inscribe en corrientes modernas del derecho. Mendoza, por su parte, es costeño y tiene una reconocida trayectoria en el sector de la justicia, e incluso llegó a ser magistrado del Consejo de Estado. Los otros dos nuevos magistrados, elegidos de ternas presentadas por la Corte Suprema, representan, por así decirlo, la judicatura. Son abogados que han hecho la carrera judicial de principio a fin y que son reconocidos en su campo. El antioqueño Jorge Iván Palacios es especialista en derecho laboral, empezó su carrera como juez en Fredonia (Antioquia) y llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y el tolimense Luis Ernesto Vargas, considerado una autoridad en los procedimientos y técnicas de la justicia.
Por primera vez desde cuando entró en funciones la Corte, esta elección se hizo bajo la veeduría de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, liderado por Transparencia Internacional, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Misión de Observación Electoral, entre otras. Estas entidades promovieron un proceso abierto y transparente que incluyó audiencias públicas televisadas en las que los aspirantes a magistrados expusieron su hoja de vida y su filosofía y respondieron preguntas de los senadores. Para muchas de estas organizaciones resultaba trascendente esta elección, pues en un país donde ya se hizo una reforma para garantizar la reelección del Presidente y se busca un nuevo ajuste de las normas para que siga en el poder, lo que más se debe garantizar es la independencia de la Corte, y evitar así que las reglas terminen ajustándose al grupo de turno en el el gobierno.
Obviamente la elección también tiene sus críticos, pues algunos piensan que el examen de los candidatos no fue exhaustivo, y que muy buenos juristas no fueron incluidos.
Las críticas reflejan el temor de que la Corte pierda su perfil filosófico, pues en la práctica ha sido considerada un consejo de sabios, cuya palabra es la última en materia constitucional. En ese sentido es una de las instituciones que más contrapeso les hacen a los poderes ejecutivo y legislativo. Eso, en un país tan presidencialista como es Colombia, es muy importante. Por eso algunos recelaban que la elección de magistrados con bajo desempeño, con veleidades políticas, o simples tinterillos de la justicia, sería un gran golpe para la democracia. “El país puede estar tranquilo, pues no va a haber retrocesos. Veo una Corte equilibrada y ponderada”, le dijo a SEMANA el ex magistrado Eduardo Montealegre sobre la elección de los nuevos magistrados.
Otros analistas consideran que si bien el Senado pudo elegir a personas de reconocida trayectoria constitucionalista, como Rodrigo Uprimny, en realidad optó por una línea intermedia, al seleccionar personas muy confiables, pero en general más inscritas en las escuelas tradicionales del derecho, que se centran sólo en hacer cumplir la norma constitucional. Las escuelas más modernas, en las que muchos ubican la Corte colombiana, también desarrollan jurisprudencia que vaya moldeando las políticas del Estado y acercándolo más a ese deber ser que está escrito en la Constitución. Eso en definitiva es lo que ha hecho la Corte con sentencias como las de los desplazados y la salud, que han obligado al gobierno a tomar medidas, de manera realista y en medio de sus posibilidades, para garantizar los derechos consagrados en la Carta Política.
Pero para saber cuál es en definitiva la Corte que tendrá al país los próximos ocho años habrá que esperar a que el presidente Álvaro Uribe presente en marzo próximo las dos ternas para reemplazar a Manuel José Cepeda y Marco Gerardo Monroy. Edmundo del Castillo, asesor jurídico del Presidente, explicó a SEMANA que se ha aplazado la fecha para esta presentación de ternas dado que la ley lo permite y que Uribe no quiere congestionar la agenda legislativa con este tema, para darles prioridad a los proyectos que están en curso. Y advirtió que ellos se acogerán a las mismas reglas de transparencia que les proponen las organizaciones veedoras. Es de esperarse que las ternas del gobierno tengan por lo menos la altura que tuvieron las de las Cortes, y que no sean, como se suele decir popularmente, ternas de dos burros y un caballo.
Semana / 09 de diciembre de 2008
