Expertos creen que los poderes ya no pueden tomar grandes decisiones de espaldas a la ciudadanía.
La crisis institucional que generó el escándalo alrededor de la fallida reforma de la Justicia dejó lecciones para todos, especialmente para el Congreso, las altas cortes y el Gobierno, protagonistas de la debacle en que terminó ese acto legislativo.
El papel principal en el episodio se lo llevó la opinión pública, que con su movilización a través de las redes sociales y los medios de comunicación demostró el nivel de madurez política al que ha llegado. El hundimiento del proyecto no deja duda de la influencia que ha logrado en la toma de las grandes decisiones del país.
Desde que se prendieron las alarmas por los ‘micos’ colgados a la reforma en su etapa de conciliación, la ciudadanía enarboló la bandera del rechazo al Legislativo, primer culpable sobre el que se levantó el dedo acusador de la sociedad.
La noche del jueves 21 de junio, cuando el presidente Juan Manuel Santos denunció los “supermicos” que se habían incluido en el texto final del proyecto, los colombianos recibieron del mandatario el motivo perfecto para materializar la inconformidad contra la iniciativa que se había venido gestando desde días antes.
Los cauces por los que fluyó este repudio fueron los medios de comunicación y las redes sociales, que demostraron las consecuencias a las que se expone el poder cuando toma decisiones erradas de espaldas a la sociedad.
Para el exconstituyente Jaime Castro, la participación de la sociedad fue clave en este proceso, el cual terminó con la sepultura de la polémica enmienda constitucional.
“Si no hubiera sido por esa indignación nacional que hubo y que se expresó de manera inmediata y efectiva, la reforma no se hubiera hundido”, dijo el exministro.
Opinión y Gobierno
La sanción de la sociedad se extendió hasta el propio Gobierno. El jueves de esta semana, horas antes de que en el Capitolio los congresistas enterraran definitivamente la reforma de la Justicia, el país conoció dos encuestas que reflejaron la indignación de la opinión contra esas instituciones del Estado.
Un sondeo de Gallup mostró que la opinión favorable sobre el presidente Juan Manuel Santos cayó, en dos meses, de 64 por ciento a 48 por ciento; la del Congreso, del 43 por ciento al 26 por ciento y la de la Rama Judicial, del 34 por ciento al 26 por ciento.
En opinión del exfiscal y columnista de EL TIEMPO Alfonso Gómez Méndez, el enojo ciudadano contra la reforma tuvo eco de inmediato en el Jefe de Estado.
“El Presidente atendió las voces y el clamor que se desencadenó rápidamente y, desde ese punto de vista, Santos sabe que este es un hecho que lo llevará a reflexionar sobre la forma de gobernar y de relacionarse con el Congreso”, consideró Gómez Méndez.
Aunque si bien no es una consecuencia directa de la indignación, el desastre en el que terminó el trámite de la reforma cobró la cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Este hecho fue resaltado el pasado viernes en Cali por su colega del Interior, Federico Renjifo, quien afirmó que la reforma de la Justicia “nos dejó una lección a todos”.
“Como primer paso -dijo Renjifo- todos hemos asumido las responsabilidades que nos corresponden por el desafortunado desenlace de esta iniciativa. Por el Gobierno, el ministro Esguerra ha asumido de una manera digna la responsabilidad política por estos hechos”.
La confianza y majestad que la Justicia había ganado en los últimos años también quedó averiada.
Son muchas las fracturas que dejó esta crisis: una muy grande, entre las ramas del poder y la opinión pública. Pero también hay unas internas, como la del Gobierno y el Congreso. O la de la Justicia y el Gobierno. Y la de las cortes y el Legislativo. Fracturas que obligan a buscar soluciones.
Qué dejó este hundimiento
Salida inédita
La manera como el Gobierno tramitó sus objeciones frente a la reforma implicó una salida inédita: por primera vez, el Presidente objeta un proyecto de reforma constitucional.
Perdió la justicia
Con el hundimiento de la reforma se conjuraron ‘micos’ de gran envergadura, como el que blindaba jurídicamente a los parlamentarios. Sin embargo, el archivo de todo el texto frustró la aplicación de medidas para descongestionar los juzgados e impidió que la justicia recibiera 2 billones de pesos para su modernización.
Judicatura
El desenlace de esta historia le da un segundo aire al Consejo Superior de la Judicatura. Eliminar esta institución, duramente cuestionada por escándalos de corrupción, era uno de los puntos de honor del Gobierno en esta reforma.
Constituyente
Este episodio abrió la puerta para que sectores políticos, argumentando que el Congreso no fue capaz de reformar la Justicia, impulsen la idea de una Asamblea Constituyente. Esta podría ir mucho mucho más allá de solo reformar la Justicia.
