Con este lacónico pronunciamiento, la Corte anunció el viernes 16 de octubre que no reasumiría la investigación contra Almario, aunque no informó sobre las razones de fondo que la llevaron a tomar la decisión, recibida con desconcierto en el exterior por la abogada Constanza Turbay Cote, única sobreviviente de la familia política más tradicional del Caquetá, la mayoría de cuyos miembros fueron asesinados por las Farc.
“Me resulta inevitable preguntarme -dijo Turbay- si los congresistas que están presos por vínculos con paramilitares cumplían funciones como legisladores cuando acordaron con ellos la ejecución de acciones criminales para lucrarse electoralmente”.
Almario está sindicado de ser el presunto autor intelectual de la muerte del entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote, y de su madre Inés Cote de Turbay, asesinados el 29 de diciembre de 2000 junto a sus escoltas en una carretera en Caquetá. El ex congresista conservador, que se convirtió en el principal cacique de su departamento tras la desaparición de los Turbay, se encuentra en libertad desde mayo pasado porque un juez especializado encontró vicios de trámite.
Como ocurre en la mayoría de los casos de la parapolítica, testigos le dijeron a la Corte que Almario les hizo creer a las Farc que los Turbay pretendían llevar paramilitares al departamento y de esa manera instigó su asesinato.
Otra de las decisiones judiciales que han generado mayor controversia en los últimos días es la revocatoria, por parte de la Fiscalía, del auto inhibitorio mediante el cual el mismo organismo se había abstenido de abrir investigación contra el vicepresidente de la República, Francisco Santos, en el caso de la parapolítica. El fiscal general (e), Guillermo Mendoza, ha explicado que la decisión de abrir indagación premilitar a Santos fue tomada por el vicefiscal Fernando Pareja, al resolver un recurso presentado por una ONG que insistía en que el caso debía ser rea-bierto porque dos ex jefes paramilitares dijeron que Santos habría promovido la creación del bloque capital.
Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz dijeron que en los archivos existen numerosos testimonios que desligan a Santos de una supuesta gestión en ese sentido y que señalan que si bien tuvo contactos esporádicos con miembros de las autodefensas, estos se relacionaron con las actividades que cumplió como defensor de los derechos humanos y en calidad de presidente de la Fundación País Libre.
Funcionarios cercanos al vicefiscal aseguran que la decisión tomada por el vicefiscal Pareja ha despertado suspicacias, ya que fue tomada el mismo día en que se enteró de que el Gobierno no incluiría su nombre en la terna de candidatos a fiscal general.
Proyecto archivado
Una tercera decisión que ha sido cuestionada en altos círculos ha sido la de la Fiscalía de mantener archivado desde el 1o. de agosto un proyecto de decisión que proponía la preclusión del proceso seguido al ex senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República. El proyecto fue preparado, por solicitud del fiscal Mendoza Diago, por el entonces delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ómar Zarabanda. “El fiscal general de la Nación intervino en la valoración de las pruebas y estuvo de acuerdo en que esa era la decisión más adecuada en derecho”, dijo uno de los auxiliares de la investigación.
No obstante, la decisión que estaba en ciernes permaneció archivada hasta comienzos de octubre cuando la Corte pidió el expediente. Independientemente de que Almario, Santos o Uribe sean o no culpables, los cambios de las decisiones de la Justicia generan muchos interrogantes. ¿Por qué se modifican los fallos según el organismo que los decide? ¿Es el Derecho tan susceptible de interpretación? ¿Hay consideraciones políticas o de otro orden? Y sobre todo: ¿quién tiene la última palabra?
