30 de mayo de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Teimpo. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Interinidad en Sala Disciplinaria de Judicatura afecta su legitimidad
ONG judiciales le piden al Gobierno y a la Judicatura dar vida a la Comisión de Disciplina Judicial.
La Corporación Excelencia para la Justicia y Dejusticia le pidieron al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura que tramiten de forma urgente la regulación que se necesita para convocar a los magistrados que deben conformar el nuevo órgano disciplinario de la Rama Judicial.
“La Rama Judicial necesita tener un sistema disciplinario transparente, legítimo y estable, no uno en provisionalidad y en transición indefinida”, dice la comunicación de estas organizaciones en las que hacen la solicitud.
Aunque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue creada hace tres años por la Reforma al Equilibrio de Poderes, y fue de lo poco que se salvó de esa ley tras el examen de la Corte Constitucional, aún no ha entrado a operar.
Esa entidad debía reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que es la que se encarga de investigar disciplinariamente a los funcionarios judiciales, y que ha seguido operando en interinidad y con magistrados que superaron el tiempo de su periodo porque el nuevo órgano no ha sido creado.
La nueva Comisión de Disciplina Judicial no ha sido creada porque hubo errores en la reglamentación para elegir a sus miembros, lo que llevó a que el Consejo de Estado anulara esa convocatoria a comienzos de este año.
Por eso, a pesar de que desde hace por lo menos dos años debía entrar en operación esta Comisión, los magistrados no han sido convocados ni elegidos. “El proceso está paralizado porque hace falta que el Congreso expida una ley que reglamente la convocatoria para elegir a sus miembros”, dicen las ONG.
Como el nuevo órgano no existe, la Sala Disciplinaria de la Judicatura está en interinidad con el agravante de que la mayoría de sus magistrados están en provisionalidad y algunos con su periodo constitucional vencido.
Así, cinco de los siete magistrados de la Sala Disciplinaria son provisionales y los dos restantes que están en propiedad (el presidente Pedro Alonso Sanabria, y la vicepresidenta Julia Emma Garzón) tienen el periodo vencido y llevan casi 10 años ejerciendo el cargo, cuando el tope máximo es de 8 años.
“Esto afecta la legitimidad de la Sala que sigue siendo la máxima autoridad disciplinaria de los jueces”, dicen las ONG judiciales.
Por estas razones la Corporación Excelencia para la Justicia y la ONG Dejusticia se unieron para pedirle al Minjusticia y al Consejo Superior de la Judicatura que tramiten ante el Congreso la regulación que debe dar las pautas para convocar a los nuevos magistrados “lo más pronto posible e informar sobre los avances realizados en este tema”.
También le solicitaron al Congreso que “active su iniciativa legislativa y regule este asunto con urgencia”.
Según la Corporación Excelencia en la Justicia y Dejusticia este órgano es muy importante “porque conoce de las faltas disciplinarias e impone sanciones en el sistema judicial. Estas faltas pueden ser incumplimientos de los deberes legales y actuaciones irregulares o ilícitas, que incluyen conductas asociadas a actos de corrupción y comportamientos antiéticos o desleales”.
Este órgano, además, puede imponer sanciones como multas, la suspensión del cargo, la destitución e inhabilidades para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, según el caso.
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