El porcentaje de tutelas sobre el total de los procesos que ingresan a los despachos judiciales ha aumentado considerablemente desde 1997, cuando representaban el 2.8% del total de ingresos a la jurisdicción, hasta 2013, año en el cual alcanzaron el 26%, lo que lleva a analizar la necesidad de tener jueces exclusivos para atender este mecanismo, indicó la Corporación Excelencia en la Justicia.
En ese sentido señala que el incremento constante de las demandas de protección de los derechos fundamentales representa un desafío para formular políticas públicas de justicia y como en muchos casos en Colombia, se busca responder a este con un cambio normativo. “La propuesta más reciente, que no se incluye en ninguna de las reformas que hoy cursan en el Congreso de la República, sugería la creación de jueces especializados para atender acciones de tutela y sustraer así del conocimiento de la jurisdicción ordinaria el alto número de causas constitucionales”, dice.
Agrega que con todo, no cabe duda de que las cifras obligarán a retomar el asunto; “por mencionar tan solo un par de ejemplos de la alarmante situación, las tutelas significan el 35% de la carga en la jurisdicción civil y más del 23% en la jurisdicción administrativa, lo cual, gracias al trámite preferente que tienen estas acciones, afecta negativamente los niveles de producción judicial ya de por sí aquejados por otras varias razones”.
La migración del litigio ordinario hacia la tutela no puede desconocerse, pero “tampoco la creación de una nueva jurisdicción constitucional, con los cambios de arquitectura institucional que una reforma como esta supondría, requiere detenerse a pensar en los costos que implicaría no sólo en términos de infraestructura o talento humano sino, quizás principalmente, en relación con el que podría verse como un retroceso tras haber alcanzado que todos los jueces sean garantes directos de los derechos constitucionales”.
