Bogotá, 10 de enero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por La FM. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
La Corporación Excelencia en la Justicia advirtió sobre la debilidad de una política penitenciaria de largo plazo en el país, en desarrollo de su labor de realizar seguimientos permanentes a políticas públicas en materia de justicia.
Según esta organización, dicha preocupación se origina en el hecho que desde la creación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha existido una altísima rotación de su director.
Según información obtenida tras una solicitud hecha por este centro de pensamiento, desde su creación el 30 de diciembre de 1992, el Inpec ha tenido un total de 19 directores.
De acuerdo con este balance, en promedio cada año y cuatro meses una nueva persona asume la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
El informe también evidencia que de las personas que han ocupado dicho cargo, once han sido miembros activos de la Policía Nacional, cuatro han ostentando la condición de ser oficiales retirados de esa institución y cuatro han estado bajo cargos de libre nombramiento y remoción.
También se señala que, al momento de desempeñar sus cargos, cinco de los directores tenían grado de Mayor General, tres Teniente Coronel, tres Coronel, dos Brigadier General y un General y tan solo cinco eran civiles.
Igualmente, se destaca la poca participación femenina en el cargo ya que en los 28 años de historia y tras seis gobiernos, solo dos mujeres han sido directoras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
En el Congreso de la República consideran que el Inpec ha sido una entidad fallida que no ha podido cumplir su deber de administrar los centros penitenciarios del país, debido a los focos de corrupción que allí se presentan.
Los operativos que se han hecho en algunos sitios de reclusión, especialmente en el de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe, han avivado de nuevo la discusión sobre una posible eliminación del Inpec, para trasladar sus funciones a una dirección adscrita a la Policía Nacional.
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