Así lo determinó el fallo de un juzgado de Armenia, luego de una tutela entablada por la Defensoria del Pueblo del Quindío.
El organismo había demandado al Instituto Penitenciario, luego de detectar irregularidades en el servicio médico de la Cárcel de Peñas Blancas en Calarcá donde se encontraron 500 internos con fracturas, heridas abiertas y hasta enfermedades terminales que en todo este período no han recibido atención debido a que no se ha contratado al personal especializado para esta labor.
Esta misma situación se registra en las cárceles Villa Cristina y San Bernardo de Armenia, donde 200 internos más deben hasta mendigar por un medicamento porque no hay ni una enfermeria acondicionada.
Se espera que este fallo sea modelo nacional para que el INPEC contrate el personal médico necesario para todas las cárceles del país.
Caracol / 19 de febrero de 2009