Asegura que el Estado fracasó en la implementación del sistema, y pidió a las autoridades judiciales y al Gobierno que “se sinceren con el país y expresen con claridad si su voluntad es llegar al desmonte definitivo del sistema”.
Consultado por EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reconoció que si bien hay crisis, se está lejos del fracaso o colapso del modelo. Descartó dar marcha atrás en la aplicación del sistema.
Cifras citadas en el diagnóstico de la CEJ muestran que al 2010 la Fiscalía tenía represadas 1’489.798 denuncias o reportes de delitos. La cuarta parte de ese total eran casos de hurto, seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico de estupefacientes.
Los casos del último delito han aumentado: representan el 8 por ciento del total de las noticias criminales. En su mayoría, dice el informe, son personas detenidas por llevar cantidades de droga que superan levemente la dosis mínima, y aunque se sospecha que hacen parte de bandas dedicadas al microtráfico, no hay investigaciones que lleven al desmantelamiento de estas.
Indica que casi la mitad de las 963.769 denuncias que fueron tramitadas por la Fiscalía en el 2010 terminaran archivadas y el 15 por ciento acabó por extinción de la acción penal. Finalmente, solo en 57.378 se consiguió condena.
En casos de criminalidad a gran escala o de delincuencia organizada, las cifras son más preocupantes. En homicidios solo se emitieron 4.312 condenas cuando en Colombia ocurrieron en el 2010 15.000 asesinatos, según cifras de la Policía, o 35.000, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía…
En delitos sexuales, las absoluciones se constituyeron en el 19 por ciento del total de sentencias, 22 por ciento registraron las mismas decisiones en procesos por corrupción como el peculado, y 20 por ciento en el secuestro. Esto puede explicarse, afirma el informe, “por la complejidad de las investigaciones, la inadecuada formación de los fiscales y miembros de la policía judicial y la falta de medios para ejercer sus funciones”.
Advierte que en la mayoría de las veces (en un 51 por ciento de los casos) la Fiscalía archiva procesos porque no ha podido identificar a los autores del delito. Ese porcentaje, señala, podría aumentar en los próximos años, especialmente en Putumayo, Valle, Cauca, Meta y Antioquia.
A esto se une el efecto que han causado normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, que creó 18 nuevos delitos y redujo los beneficios por reconocer cargos, lo que redujo la terminación anticipada de los procesos.
Esto hace evidente la congestión en las audiencias. Según Medicina Legal, de las 11.735 diligencias a las que fueron citados sus peritos, el 63 por ciento fueron canceladas o suspendidas. La causa más frecuente, según el informe, fue la falta de herramientas para establecer la disponibilidad de las partes.
La CEJ también indica que la escasa capacitación de jueces hace que permitan a los abogados prácticas dilatorias.
Estas fallas han hecho prender las alarmas en otros regímenes, como el penitenciario. El aumento del 29 al 38 por ciento de las medidas de aseguramiento es una de las causas del hacinamiento en las cárceles.
Gobierno dice que estudiará las fallas del modelo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reconoció las fallas expuestas en el estudio de la CEJ y la necesidad de buscar resolverlas de manera urgente. Pero indicó que esto no “puede conducir al país a pensar que el sistema es un fracaso y que se debe abandonar para volver al antiguo sistema penal”. Señaló que hoy una comisión de expertos, conformada por petición del Ministerio, debe entregar un diagnóstico de la política criminal, que incluye un balance del sistema penal oral. Esguerra indicó que es importante que tanto las autoridades judiciales, abogados y la ciudadanía avance en el cambio cultural que implica el sistema. Así como más preparación a jueces y fiscales.
‘Colombia no se sabe preparar para las grandes reformas’
La directora de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, advierte que el riesgo de “colapso” del sistema penal acusatorio se podría repetir, por ejemplo, en el nuevo Código Contencioso Administrativo, que arranca el 12 de junio próximo.
¿Qué pasa con el sistema penal acusatorio?
El Estado fracasó en la implementación del sistema penal, muestra índices de congestión al borde del colapso y es el momento en que no se sabe cuáles son sus reales necesidades y cómo impulsarlo. La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura titubean cada vez que se les pregunta.
¿Cuál es la magnitud de la congestión?
Hoy hay represados en la Fiscalía casi un millón y medio de procesos. Incluso ya se han presentado casos que han prescrito y ese atraso pasó a los jueces. Eso se ve en el incremento de aplazamientos injustificados en las audiencias.
¿Por qué se ha llegado a este punto?
El sistema arrancó hace 10 años con problemas en su implementación y los elementos buenos que tenía han tenido retrocesos por reformas legales. Los bandazos del Congreso van de ser o muy laxos o muy ojo por ojo, diente por diente. El principio de oportunidad no se está aplicando, hay un estancamiento en el cambio de mentalidad de los jueces. Además, falta una política criminal que dé lineamientos. Esto está en la ley y no se ha cumplido.
¿Qué consecuencias genera esta crisis?
Si el país no fue capaz de sostener el modelo penal acusatorio, sería conveniente aplazar la puesta en marcha de los nuevos cambios en la justicia. Por ejemplo, el contencioso administrativo, que arranca en junio y no nos hemos preparado a pesar de que el legislador dio año y medio para su implementación.
¿Fue un error cambiar el modelo penal?
No. El sistema que nos rige, más que haber estado mal concebido, se ha visto afectado por el fracaso del Estado en su implementación. Aquí lo que vemos es que Colombia no se sabe preparar para las grandes reformas, no aprendemos de lecciones recibidas y todo lo dejamos a mitad de camino. A trancazos cumplimos las normas, y como no funcionan las volveremos a modificar.
