En cambio, el Ejecutivo anunció que tramitará una ley para descongestionar la justicia, un aspecto que era exigido por las Altas Cortes para acordar una reforma y que, a su juicio, el acto legislativo no recogía apropiadamente.
“Dedicaremos todos los esfuerzos para aprobar una ley de la República que garantice la descongestión de la Justicia para el año 2010, que deberá incluir normas de la Conmoción Interior vigente y otras adicionales, con razonable apoyo presupuestal”, manifestó el presidente Uribe al leer un comunicado sobre la decisión.
Propuestas infructuosas
En la acalorada reunión, el Presidente y el Ministro propusieron, como primera medida, retirar los artículos que tocaran a la Corte Suprema de Justicia y el tema de la segunda instancia de investigación y juzgamiento de los congresistas. No obstante, los senadores no apoyaron la iniciativa.
“El Gobierno aceptó retirar la propuesta de doble instancia en el caso de los aforados. Sin embargo, los senadores continuaron en la consideración de declararse impedidos por la disparidad en los conceptos recibidos”, aseguró el Presidente.
“La única solución sería sacar los artículos referidos a la Corte, pero el problema es que son seis artículos sobre eso, y la reforma se quedaría sin piso”, había expresado la senadora Gina Parody en el debate que se llevó a cabo en la Comisión horas antes de la reunión.
De hecho, varios parlamentarios explicaron después del extenso debate que el proyecto no podría ser aprobado en la Comisión Primera, debido a los impedimentos. “Es que no podemos exponernos a una pérdida de investidura simplemente porque el Gobierno quiere que pase la reforma”, afirmó un Senador uribista.
Si los legisladores hubieran votado la reforma, aún estando impedidos, habrían sido objeto de posibles procesos disciplinarios ante el Consejo de Estado que los llevaría a dejar su investidura y ser declarados políticamente, por haber violado la Constitución y la ley del Congreso.
Acuerdos entre Cortes
El presidente Uribe expuso además que temas como las competencias de las Altas Cortes para mediar en las tutelas habían dividido “profundamente” a los magistrados, razón por la cual el Gobierno no se metería en la discusión.
“Otros temas, como la competencia sobre tutelas contra sentencias de las Altas Cortes, que se propusieron en el pasado, han dividido profundamente a las Cortes. Por eso, el Gobierno cree que deben ser motivo de acuerdos entre los magistrados que las integran”, señaló el Presidente, quien pidió que la discusión de los temas de la reforma deben ser objeto de debate en el país.
“La creación de la Sala de Gobierno para garantizar la permanente descongestión de la Justicia; la obligatoriedad de la jurisprudencia reiterada para evitar congestiones derivadas de demandas sucesivas por casos idénticos; la simplificación del Consejo de la Judicatura; la elección de los titulares de los órganos de control sin participación de la Justicia para evitar que esta última se politice; el retiro de la competencia al Presidente de la República para proponer candidato a la Procuraduría y ternas para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y otros deben continuar en el debate de los colombianos”, concluyó el Presidente.
El Nuevo Siglo / 15 de octubre de 2008
