Los magistrados de la Corte Suprema se negaron a elegir al Fiscal General de la terna que les envió el Presidente de la República y pusieron en un punto muy complicado la confrontación, que ya casi cumple tres años, con la Casa de Nariño.
Desde que se conoció la terna ya se advertía que iba a ser muy difícil para la Corte elegir un nombre. El ex embajador Camilo Ospina, a pesar de sus calidades, ha sido demasiado cercano a la Presidencia y los magistrados no están dispuestos a hacerle el guiño en una coyuntura como esta en la que se teme que se acabe por completo con el equilibrio de poderes en caso de una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe. Al ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio, que en un momento dado tenía todo a su favor para ser elegido, le aparecieron unas grabaciones que si bien no lo inhabilitan jurídicamente lo dejaron muy mal parado. Y a Virginia Uribe no le alcanza su trayectoria para tomar las riendas del ‘búnker’.
Pero constatar esa realidad no quiere decir automáticamente que la Corte Suprema pueda devolverle la terna al Presidente. Los tres candidatos cumplen los requisitos que taxativamente señala la Constitución. Y en el artículo que habla sobre su perfil no da lugar a interpretaciones. Por eso el presidente del tribunal, Augusto Ibáñez, eligió con cuidado sus palabras al justificar la decisión del alto tribunal: “La terna de candidatos para Fiscal no es viable para votarla”, dijo. Y luego hizo énfasis en que “la Corte no está devolviendo la terna. Ni devolverá la terna”.
Ibáñez no dio muchas explicaciones, simplemente dijo que al estudiar “lo que debe ser el Fiscal General de la Nación” encontró que la terna no es viable por “las calidades, calificaciones y destrezas”.
Pero más allá de los argumentos que tengan los magistrados para no votar la terna, es inevitable que muchos interpreten esa decisión jurídica dentro del contexto político de enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema que ya lleva tres años.
En circunstancias normales, el anuncio de la Corte podría causar cierto revuelo pero se podría entender como un pedido legítimo de un poder, el Judicial, a otro poder, el Ejecutivo, para que cambie la terna en virtud de los supremos intereses del Estado.
Y así lo entendieron especialistas en la materia como Eduardo Cifuentes, uno de los más respetados ex magistrados de la Corte Constitucional y hoy decano de la Universidad de los Andes. “El Presidente tiene la oportunidad histórica de presentar una terna que reúna las condiciones”, dijo.
Varias preguntas quedaron en el ambiente. ¿Qué inspira a la Corte Suprema para haber tomado esa decisión? ¿Tiene una preocupación legítima sobre el perfil jurídico del próximo Fiscal? ¿Les preocupa realmente que ninguno de los ternados sea penalista? ¿Consideran acaso que los candidatos son demasiado cercanos al gobierno? O ¿Es un round más en el recurrente forcejeo con el gobierno?
Lo cierto es que en el interior de la Corte la cosa no ha sido fácil. Ya llevan siete sesiones de debate, de mínimo cinco horas cada una, a lo largo de mes y medio, sin poder llegar a un acuerdo. El hecho de que la votación haya sido 13-8 (no estuvieron presentes dos magistrados) muestra una gran división. Entre los que se opusieron a esta declaración está el ex presidente de la Corte Francisco Javier Ricaurte y tres magistrados de la sala penal, Sigifredo Espinosa, Javier Zapata y Jorge Quintero Milanés.
Este anuncio hace parte de un evidente cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema en temas muy sensibles en su pulso con la Casa de Nariño.
Primero, la Corte rompió con la tradición reciente de dar su aval para la extradición, negó el envío a Estados Unidos de un paramilitar con el argumento de que antes de ser sacados del país, tienen que cumplirles a sus víctimas. Y luego hizo otro fuerte viraje en su jurisprudencia al retomar los casos de los congresistas investigados por para-política que renunciaban a sus curules para escabullirse del escrutinio de la Corte y logró recuperar para sí casos que ha sido una ‘papa caliente’ como el de los senadores Álvaro Araújo y Mario Uribe.
Como si fuera poco, el viernes pasado empezó a tomar cuerpo en la Corte la idea de condenar por crímenes de lesa humanidad a los políticos implicados con paramilitares. Si bien no se aprobó, cuatro magistrados de los nueve de la sala penal estuvieron de acuerdo. El tema se retomará en otros fallos y sus consecuencias para el país pueden ser impredecibles.
¿Qué solución se vislumbra entonces para elegir al Fiscal General? En vista de que el gobierno le respondió a la Corte diciéndole que no piensa cambiar la terna, el balón queda de nuevo en la cancha del alto tribunal. Y el futuro pinta negro.
Una opción es entrar a votar y que ya sea porque gane el voto en blanco o porque ninguno logre el mínimo de 16 votos, alguna de las partes ceda: o que la Corte elija o que los candidatos de la terna renuncien o que el Presidente haga el cambio. Ya se van a completar dos meses en este tira y afloje y dilatar más la decisión sería un desgaste político costoso tanto para el Ejecutivo como para la justicia.
Ahora, si la Corte vota y termina por elegir un nombre de la terna actual, el elegido asumiría el cargo un tanto maltrecho en su legitimidad, luego de la descalificación de la semana pasada de la Corte. Y entrar con pie izquierdo a un cargo tan crítico como el de la Fiscalía puede ser contraproducente.
¿Quién cederá? Es difícil predecirlo. Lo único cierto es que, si finalmente se cae la terna, de lo que no cabe duda es que no sería difícil encontrar otros penalistas íntegros y brillantes que podrían ser candidatos a excelentes fiscales.
