Bogotá, 3 de junio de 2020. A continuación, se realiza una transcripción de la entrevista a nuestro director ejecutivo, Hernando Herrera Mercado, publicada en El Espectador. El texto y las imágenes fueron tomados de su página web.
Entes de control y veedurías llamaron la atención frente al costo que iba a tener las elecciones de Consejos Juveniles. El monto ascendía a los $120.000 millones, lo que parecía una cifra extremadamente alta, sobre todo en tiempos de coronavirus. Las alertas fueron emitidas pero en un primer momento solo valieron para posponer la fecha de la jornada electoral, pero el proceso licitatorio seguía en pie.
Solo hasta ayer se canceló todo el proceso, tuvo que intervenir Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y el Ejecutivo para que la Registraduría, dirigida por Alexander Vega, se echara para atrás en sus intenciones de hacer el proceso electoral a como diera lugar. Uno de los entes que celebró la decisión fue la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que llevaba desde hace algunos meses alertando frente a las posibles irregularidades en la licitación. En diálogo con El Espectador, Hernando Herrera, director de la CEJ, expuso cuáles eran las objeciones de su organización ante el proceso de contratación y la importancia de que se haya pospuesto.
¿Por qué la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se opuso al proceso de contratación para la elección de Consejos Juveniles?
Teníamos las mismas inquietudes que planteaba la Procuraduría: primero, por qué este trámite licitatorio se iba a llevar a cabo por trámite abreviado y no por el trámite ordinario. El trámite abreviado está reservado solo para la seguridad nacional y otros trámites y eventos que no concurren en esta circunstancia; segundo, no existían dentro de los pliegos una posibilidad de libertad de concurrencia para que varios oferentes se hubieran presentado de manera abierta y libre para que se escogiera la mejor propuesta para el Estado; tercero, no había determinado sustento del presupuesto que se iba a invertir.
Sobre el particular detectamos que no hay explicaciones claros sobre cuáles fueron los datos que se tuvieron en cuenta para estructurar el estudio de mercado que sustenta todo este proceso de contratación. Esas son las dudas que teníamos frente a este tema. La otra inquietud que tenemos es la inconveniencia porque en este momento estamos en un escenario de déficit fiscal y los recursos públicos deben privilegiarse para la atención de la pandemia del COVID. Había inconveniencia jurídica y social.
¿Cómo se podría explicar la insistencia de la Registraduría en llevar a cabo este proceso?
Resulta sumamente particular y curioso. Llama la atención porque ni siquiera se había dado la oportunidad de revisar todos los comentarios surtidos por diferentes voceros, centros de pensamiento y la Procuraduría. Había un ímpetu totalmente inusitado en realizar la contratación y en adjudicarla en tiempo acelerado. Incluso para ponerle freno se tuvo que unir las cabezas de los entes de control (Procuraduría y Contraloría) y la Fiscalía. No tiene antecedente en el país en su historia reciente que una licitación que haya tenido que tener el llamado de tres funcionarios y del jefe del Estado para que la cabeza de otro ente cancelara el proceso cuestionado.
Estas elecciones son una forma de participación democrática. ¿Qué sentido tiene cerrar estos espacios participativos frente a una contingencia como el coronavirus?
Es un punto importante. Toda elección va ligada a fortalecer la democracia. El problema acá es que las elecciones no se iban a poder realizar de manera próxima porque todavía estamos en confinamiento y después de ellos tendrá que existir unos protocolos sanitarios que implican la no posibilidad de concurrencia masiva. Los beneficiarios de estas elecciones era los jóvenes y más de 45 organizaciones juveniles enviaron cartas para que se suspendiera y cancelara el proceso licitatorio.
¿Han encontrado alguna organización puntual que podría ser beneficiada con este contrato?
Como tal no, porque no se dio la adjudicación. Un elemento fundamental de todas las licitaciones públicas es la multiplicidad de oferentes. Siempre se ha dicho que el éxito de una contratación es que no exista pliegos sastre para una determinada persona o consorcio. Lo que nos parece es que este principio fundamental tenía que acreditarse acá. Si el próximo año insisten, vamos a seguir con la veeduría ciudadana para que se cumpla con ese propósito.
¿Por qué se habla de pliegos sastre?
Lo que llama la atención los tres eventos de manera simultánea. Lo primero que hay que ver es que a toda costa se quería hacer la adjudicación express, mediante un procedimiento que para este tipo de temas no toca. Se trataba de ligar a la seguridad nacional. Las elecciones son importantísimas y son baluarte de la democracia, pero, de ahí en adelante tratar de meterle una modalidad de selección abreviada nos parece llamativo. No es un tema de defensa ni seguridad nacional.
La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría dentro de los múltiples oficios que le envió al registrador pidiendo explicaciones hay uno en el cual se señaló que le llamaba poderosamente la atención que coincidiera el presupuesto convenido con los presupuestos de uno de los oferentes. Aunque se canceló la licitación, le corresponde a la Registraduría contestar el porqué existían estas anomalías.
Ustedes además de celebrar la decisión de suspender la licitación, anunciaron que interpondrían una tutela en contra del registrador por omitir una información. ¿De qué trataba esta información?
En efecto celebramos que gracias al papel que ejercimos se pudo detectar las irregularidades para que el Ejecutivo y los entes de control intervinieran de manera directa. Hay un tema adicional que hemos venido trabajando y es que la función pública está obligada a la transparencia, por eso de tiempo atrás le habíamos solicitado al registrador el listado completo de las personas que lo habían visitado en su oficina y si algunos de ellos eran proveedores actuales o futuros. También requerimos información sobre los múltiples despidos (más de 300) que han ocurrido en los últimos días de gente de experiencia y si estos tuvieron que ver con llenar una cuotas políticas a favor de determinados políticos.
La Registraduría es el notario de las elecciones y en un escenario como el colombiano es fundamental que todos los candidatos y ciudadanos tengan confianza en su labor. Otro punto que también requerimos y es fundamental es que se dé cuenta por qué en el pasado el registrador ha sido denunciado de presuntas irregularidades y no ha denunciado por calumnia e injuria. Lo que le corresponde a toda persona es defender a ultranza su honorabilidad para que no se deteriore la misma.
Estos puntos fueron remitidos hace unas semanas a la Registraduría pero, para nuestra sorpresa, lo que contestaron fue que frente a las visitas el registrador dice que se acordaba de algunas visitas y no entregaron la bitácora oficial. Para el tema de los despidos, el registrador respondió que tenía la competencia dentro de su capacidad nominadora para sacar o meter. Lo que nosotros queremos saber es si esos nombramientos se hicieron con influencias políticas.
