El episodio del fiscal del Putumayo no es el único. Otros casos le han permitido al Consejo calibrar en buena medida la idoneidad y la calidad moral de algunos de los instructores de la Fiscalía.
Según la magistrada Myriam Donato, integrante de la Sala Disciplinaria, existen algunos fiscales que no están preparados y que registran deficiencias en la edificación de procesos.
El caso más sonado lo protagonizaron los fiscales encargados de la instrucción del proceso de Guillermo Ortiz Gaitán, sindicado de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Sus fallas facilitaron, en la práctica, la libertad de Ortiz.
La nueva administración de la Fiscalía está preocupada por el problema. El propio fiscal Alfonso Gómez Méndez ha anunciado que intensificará los programas de capacitación, como parte de una estrategia que también incluirá elementos moralizadores.
Martha Lucía Zamora, coordinadora del Plan Nacional de Capacitación de la Fiscalía, admite que se trata de casos inquietantes, pero advierte que lo importante es identificar los errores para atacarlos estructuralmente.
De esos esfuerzos da fe Alfredo Fuentes, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Fuentes destaca que para el próximo año la Fiscalía destinará el 39 por ciento de su presupuesto de inversión en planes de gestión y modernización. En plata blanca esto equivale casi a 11.000 millones de pesos.
EL TIEMPO conoció la entraña de casos que están siendo juzgados por el Consejo. Ellos reflejan algunas de las fallas más protuberantes de la justicia.
Esta es una antología de las conductas que están bajo el escrutinio de la principal corte disciplinaria del país.
Cambiazo en La Hormiga Ese 23 de octubre todo estaba listo para que el fiscal seccional 43 de La Hormiga (Putumayo), Alvaro de Jesús Ochoa Cortés, destruyera en presencia de representantes del Ejército y la Policía 32 kilos de cocaína y siete de pasta de coca decomisados en una operación que permitió también la captura de tres traficantes.
Antes de que se le prendiera fuego a la droga se escucharon fuertes ráfagas en las afueras del pueblo y alguien puso a rodar la especie de que la localidad estaba siendo tomada por la guerrilla.
Los comandantes militares y policiales abandonaron de inmediato la diligencia para ir a repeler la toma . Al llegar al sitio de donde provenían los disparos no encontraron guerrilla ni toma alguna y una hora más tarde regresaron a donde el fiscal para reanudar la tarea antinarcóticos.
El mayor que representaba al Ejército entró en sospechas al advertir que la sustancia que iban a destruir difería en su apariencia de la que él y sus hombres habían incautado. Era harina.
Le exigió entonces al fiscal que le permitiera registrar su despacho. Después de un forcejeo lo logró y se encontró que el propio fiscal había ocultado allí la droga en un cambiazo para tratar de devolverla a los narcotraficantes.
Esa conducta le valió al funcionario un castigo penal y una drástica sanción disciplinaria por parte del Consejo de la Judicatura que produjo con su caso el primer fallo de destitución contra un fiscal.
Los expedientes muestran que Ochoa venía procediendo impunemente.
Se encontró, por ejemplo, que en una ocasión avaló un allanamiento ilegal a la casa de Héctor Fabio Figueroa Cortés, a quien miembros del Ejército le retuvieron la suma de 20 millones de pesos.
Cuando Figueroa fue al despacho del fiscal a denunciar lo ocurrido, éste no sólo lo convenció de desistir de demandar, sino que le devolvió apenas 6 millones de pesos. Los 14 restantes los repartió con dos militares que participaron en el allanamiento.
El proceso número 698 por violación a la Ley 30 de 1986 (narcotráfico) muestra que el mismo funcionario ordenó, cuando ya estaban vencidos los términos, la libertad del sindicado Néstor Hernando Delgado.
Sin embargo, Ana Trujillo, esposa del detenido, demostró ante las autoridades que el fiscal le exigió 1 millón de pesos a cambio de su decisión.
UN GOLPE DE IRRESPETO El 31 de octubre de 1995, Alvaro Borja Murillo llegó a las 5:30 de la tarde a la clase que en ese entonces otra fiscal dictaba en una de las unidades en la capital del Valle.
Ese día, la capacitación comenzó 15 minutos antes de la hora habitual, a las 4:45 de la tarde, para que los asistentes pudieran salir a sus casas y evitaran las congestiones de tráfico, propias del Día de las Brujas.
Borja llegó y pidió a la profesora Piedad Escobar la hoja de control de asistencia. Le dije que no explica la maestra porque no había estado en la sesión; sin embargo, al verlo tan acalorado, le dije que no se complicara…que pasara un oficio para justificar la ausencia .
En tono altanero agrega me dijo que él quería ver el video casete porque quería firmar…le dije que ahí quedaba el material y me retiré .
Al otro día, añade Escobar, Borja, entonces fiscal seccional 26 de la Unidad II de Vida del Valle, llegó de primero y empezó a decirme en tono altanero que por qué no lo había dejado firmar…me dijo que yo era una incapaz, una falsa. Lo hizo delante de los compañeros . La versión, que precisa más incidentes similares, la confirmaron otros fiscales.
El episodio derivó en un proceso disciplinario. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle sancionó a Borja con una amonestación escrita. La sanción se produjo luego de escucharlo en descargos.
En segunda instancia, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la amonestación al fiscal.
Dijo que uno de los deberes de los servidores judiciales es obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.
INASISTENCIA ALIMENTARIA… Y JUDICIAL El 9 de enero de 1996 Constanza Fonnegra Amaya se quejó ante la Fiscalía por las irregularidades y abusos protagonizados presuntamente por la fiscal 11 de la Unidad de delitos Querellables, Jenny Esperanza Díaz Molano.
La fiscal fue designada para conducir un proceso por inasistencia alimentaria solicitado por Constanza contra Gonzalo Jiménez Bautista.
La denunciante asegura que el 24 de mayo de 1995 la fiscal con voz arrogante , prepotente y casi gritando le ordenó abandonar su despacho argumentando que para iniciar la investigación tenía que escuchar primero al denunciado.
Seis días después Constanza solicitó la apertura de la investigación. La fiscal únicamente le dijo que ella no era parte del proceso.
Ante el hecho, la mujer quiso poner al tanto de la situación al agente del Ministerio Público del caso, pero éste se limitó a indicarle que debía dirigirse a la Procuraduría para la Vigilancia Judicial.
Sin embargo, a través de la Fiscalía, Constanza llegó a un acuerdo con Gonzalo. El se comprometió a responder por la alimentación del menor.
A pesar de ello la denunciante quiso dejar constancia de las irregularidades cometidas por la funcionaria pero la fiscal argumentó que en el acta sólo debían quedar las condiciones del acuerdo.
Es más, Constanza argumenta que el acuerdo surgió como resultado del desconocimiento de las pruebas que aportó y no fue el producto de su voluntad.
Al final, la Sala Disciplinaria ordenó continuar la investigación a la fiscal.
Según la decisión del Consejo de la Judicatura, no puede perderse de vista que cabe al funcionario judicial la obligación de conducirse correctamente en el desempeño de sus funciones oficiales, lo que implica dispensar un trato cortés a quienes en una u otra forma tienen que ver con las mismas, absteniéndose de protagonizar hechos que desdigan de la dignidad del cargo que ocupa…
Habla la Fiscalía Estas son situaciones lamentables y graves que se presentan en cualquier instancia del Estado y la Fiscalía está trabajando para contrarrestarlas. Lo hacemos con programas dedicados a temas de ética, sentido de pertenencia a la institución y respeto al debido proceso .
Es la conclusión de Martha Lucía Zamora, coordinadora del Plan Nacional de Capacitación de la Fiscalía.
Se trata de episodios agrega que son imposibles de manejar a todo nivel. Es muy grave que eso ocurra y por eso se van a intensificar los planes de capacitación .
Hoy en día, explicó, la Fiscalía culmina la segunda fase del Plan Nacional de Capacitación que está dirigido, en esta ocasión, a fiscales locales y jueces penales y promiscuos municipales de todo el país.
El programa consiste en una intensificación en la interpretación de la ley con base en la Constitución y en tratados internacionales. El otro año será impartido a fiscales seccionales y a otros integrantes de la Fiscalía que no lo han cursado.
