01 de junio de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Analítica. El texto fue tomado de su página web.
En cifras. El Poder Judicial de Venezuela está secuestrado, ya no es una hipótesis o una acusación sin fundamentos, pues durante el foro Estado de la justicia y la democracia en Venezuela, organizado por la ONG Acceso a la Justicia, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP), se determinaron factores que dejan en evidencia lo viciado que se encuentra el ente.
40% de los jueces que integran el poder público son simpatizantes e incluso militantes del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), tolda oficialista del fallecido presidente Hugo Chávez y del ahora mandatario Nicolás Maduro.
Un 8% de estos resultaron ser contratados por el Estado, otros han cumplido con obligaciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) al mismo tiempo que desempeñaban las mismas funciones en la Sala Electoral de Tribunal Supremo de Justicia, en otros casos han sido parlamentarios, ministros y hasta representantes de gremios oficialistas.
Dichas acciones resultan cuestionables, pues el sistema judicial debería ser ejercido por profesionales que tengan independencia política y autonomía.
125 tribunales penales integran el sistema judicial de Venezuela, en una investigación realizada por Joseph Poliszuk, periodista y editor del portal Armando.Info, se conoció el nombre de 823 responsables vinculados al oficialismo.
332 de estos fueron encontrados en una lista de militantes del Psuv correspondiente a los años 2007, 2012 y 2013, pero los descubrimientos no terminan allí pues 19 de estos fueron encontrados refrendados en todas las listas del chavismo.
En la segunda edición de esta investigación, Poliszuk cruzó la base de datos de los jueces con la del Registro Nacional de Contratistas obteniendo como resultado que los jueces tenían vínculos empresariales con el gobierno.+
La justicia como poder
En el Tribunal Constitucional de Perú durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) reinó la corrupción y la impunidad convirtieron al Poder Judicial peruano en una de las armas de manipulación y control político fujimorista.
Para David Lovatón, abogado, magister en Derecho Constitucional y director del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de Perú, las técnicas utilizadas en el periodo anteriormente mencionado se pueden visualizar en el actual mandato de Nicolás Maduro.
Ahora bien, es importante conocer los orígenes del totalitarismo en el país, para Laura Louza, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia el inicio de la crisis institucional y judicial en el país tuvo lugar en 1999, cuando un nuevo gobierno político denominado “chavismo” llegó al poder de manera democrática.
Con un modelo socialdemocrático, para la abogada este gobierno liderado de Chávez controló de manera inconstitucional los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo de la Sala Constitucional desde la cual se cambió el Derecho y con el tiempo se fue controlando todo el país y toda la sociedad.
Otros hechos notorios son:
-Anulación de la Asamblea Nacional (AN) electa por el pueblo en el año 2015 mediante 90 sentencias.
-Instauración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el año 2017 y que fue extendida hasta el año 2020.
-El enjuiciamiento y encarcelamiento de varios diputados sin respeto de su inmunidad parlamentaria y sin el debido proceso, incluso a través de la justicia militar.
-Maduro gobierna por decretos-leyes, tiene un control absoluto del presupuesto y recursos del país sin presentar cuentas a la población.
-La extensiva militarización.
-El nombramiento de autoridades como el defensor del pueblo, el contralor general y el fiscal general por la Asamblea Constituyente, al igual que los magistrados del Tribunal Supremo que se plegaron a la ANC.
Esta toma absolutista del poder debilitó la democracia en el país, y generó consecuencias como: la emergencia humanitaria compleja, el gobierno perdió la capacidad para cubrir las necesidades básicas de la población, los ministerios y otros organismos del Ejecutivo Nacional funcionan sin rutas claras, no hay inversión en ningún sector, se perdió la normalidad de la vida en la sociedad venezolana, y el país sufre un indetenible éxodo masivo.
Según la ONG World Justice Project (WJP), que evaluó 126 países, Venezuela está en el último lugar de respeto al Estado de Derecho, también en el último en cuanto a la aplicación de la justicia penal, mientras que en materia de justicia civil ocupa el penúltimo peldaño del estudio.
Consulte el artículo y el audio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MsxnwO
