A pesar de la fuerte oposición que hizo el representante a la Cámara Guillermo Rivera, la plenaria aprobó la ponencia del senador Jorge Humberto Mantilla, que venía de la Comisión Primera de Cámara, y en la cual el Gobierno modificó sustancialmente el proyecto original que había sido radicado por el Partido Liberal.
Sobre esta ponencia, la Corporación aprobó los dos primeros artículos, el que se refiere a la presunción de inocencia para las víctimas y el que tiene que ver con la igualdad de las víctimas.
71 congresistas votaron a favor del artículo uno, mientras que 17 votaron en contra. Este artículo, como está en el texto de la ponencia mayoritaria de la coalición del Gobierno, contempla la prueba sumaria y la acreditación en un banco de datos en un tiempo límite de 4 años para poder aspirar a los beneficios, plazo que fue abiertamente debatido por representantes del Partido Liberal y del Polo Democrático.
De hecho, el senador Juan Fernando Cristo, uno de los autores de la iniciativa, ya había criticado este cambio del texto del artículo primero: “El texto del Senado decía textualmente: ‘El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley, solicitando al efecto pruebas sumarias que permitan inferir su calidad de tal’. En el caso de la Cámara de Representantes, le metieron para los efectos de la reparación por vía administrativa: ‘Se presumirá parcialmente esa buena fe’, con lo cual condiciona la buena fe de las víctimas y las hacen de un trámite más engorroso ante las autoridades administrativas”, dijo el congresista liberal.
En cuanto al segundo artículo aprobado, también fue ampliamente debatido ya que la ponencia de Mantilla eliminó la distinción de comunidades más vulnerables que podrían convertirse en víctimas, como los discapacitados, adultos mayores, niños y la comunidad LGTB, al argumentar que constitucionalmente no era viable hacer distinciones o salvedades a la hora de amparar a las víctimas.
No obstante, el parlamentario Samir Silva presentó una proposición que planteaba el archivo de este artículo argumentando que era discriminatorio al no incluir población vulnerable, pero no fue aceptado.
Sin embargo, el debate llegó hasta el segundo artículo ya que el representante Rivera presentó 75 nuevas proposiciones por no haber sido aprobada su ponencia, por lo que el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, decidió crear una subcomisión para que conciliara con el parlamentario liberal.
Varón Cotrino anunció además que debido a que se agota el tiempo para que sea aprobado este proyecto, convocarán sesiones para mañana y el próximo lunes festivo.
Principio de oportunidad
Por otro lado, mientras la subcomisión se reunía para conciliar, se empezó a debatir el proyecto de ley del principio de oportunidad, que le da facultades a la Fiscalía para dejar en libertad a cerca de 19 mil desmovilizados de los grupos al margen de la ley.
El representante Wilson Borja intervino y aseguró que la coalición del Gobierno, mientras quiere dejar a un lado la reparación a las víctimas, por el otro quiere darle beneficios a los victimarios con la iniciativa del principio de oportunidad.
Como este proyecto es de iniciativa del fiscal Mario Iguarán, Borja aseguró que el funcionario es un “fiscal de bolsillo”, por lo que Iguarán, presente en el debate en la plenaria, respondió de inmediato: “Espero que usted no diga, el día que la Corte Suprema quizás ordene su captura, que es una Corte de bolsillo o asolapada porque no le avisó (…) como creo que podría ordenarla por lo que vi en el texto y dentro de los contextos en el computador de Raúl Reyes”.
