Así se concluye de las quejas expresadas por funcionarios judiciales que intervienen en este Proceso: fiscales, magistrados, procuradores, representantes de las víctimas e, incluso, abogados de los mismos ex paramilitares.
“Entiendo que los traslados de Justicia y Paz tienen sus dificultades, sobre todo en seguridad”, manifestó el magistrado de Control de Garantías, Eduardo Porras Galindo, en diálogo con EL HERALDO.
Uno de los casos presentados esta semana fue el del desmovilizado del bloque Catatumbo, Jhonatan Sepúlveda, apodado Jhonatan, quien debía ser presentado para formularle cargos ante la magistrada Zoraida Chalela, pero no fue remitido desde Norte de Santander.
La otra diligencia frustrada, también de formulación, fue la del ex jefe del bloque ‘Héroes de los Montes de María’, Úber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, quien no fue traído desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece hace dos meses.
“Hicimos la solicitud con tiempo, por lo menos hace un mes, y el viernes cuando recordamos la cita a la cárcel Modelo, nos pidieron que nos dirigiéramos a Bogotá”, explicó el magistrado.
Al respecto, representantes del Ministerio Público también cuestionaron la labor de la autoridad carcelaria, y exigieron abrir una investigación para precisar los motivos de sus incumplimientos.
Hoy en la mañana, el Inpec debe presentar a Juancho Dique para que se le imputen cargos por masacres como las de El Salado, Chengue y Macayepo.
