La posibilidad, tantas veces reclamada, de acabar con la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, no generó las voces de respaldo que se esperaban. En cambio, el panorama para la iniciativa ensombreció por la frustrada eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
La posibilidad de descongestionar la justicia mediante facultades a notarios y abogados, tampoco gustó, a pesar de que ésta, considera el Ejecutivo, contribuiría a ponerle fin a ese dolor de cabeza.
Para muchos, el pulso que hasta ahora comienza lo ganó la Rama Judicial, la cual logró que se proponga incrementar el periodo de los magistrados, ampliar la edad de jubilación y mantener las facultades electorales de las Cortes. En lo que hay más consenso sobre un acierto de la iniciativa es en que no se haya tocado la tutela.
Pero esas opiniones favorables disimulan poco las que afirman que la reforma se quedó corta al no poner punto final a los choques de trenes, por la posibilidad de que este mecanismo pueda echar reversa a fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.
¿Se quedó corta?
Una de las críticas al texto aprobado en la Comisión I del Senado es que se quedó corta frente a las expectativas. Analistas como Ramiro Bejarano, Pedro Medellín y el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, coinciden en que no toca los aspectos de fondo como la congestión judicial y, por lo tanto, no cumple la necesidad de la justicia pronta y eficaz que reclaman los colombianos.
“No se están tocando los temas que son indispensables de cara a los graves problemas que afectan al ciudadano común y corriente, como la morosidad y la congestión en juzgados y tribunales”, dijo Hernández.
En cuanto a la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, si bien hay consenso en que debería eliminarse la duda que surge con el texto aprobado es la efectividad del organismo que la reemplazará.
“La comisión de acusaciones tiene más de 1.100 procesos estancados y problemas serios de credibilidad, por ello es importante que se resuelvan estos problemas. Se requiere un órgano para juzgar a los funcionarios aforados como el Presidente de la República. Lo importante es que se garantice un juez imparcial, severo”, señaló Pedro Medellín.
Otra duda surge con la propuesta de eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). El proyecto aprobado en primer debate conserva el organismo, lo que, para algunos, representa un triunfo de las Altas Cortes que unieron filas para conservarlo.
Esto, según Bejarano, demuestra que no se pensó en el ciudadano común sino que se conciliaron diferencias con las cúpulas.
Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, y el analista Pedro Medellín, insisten en que es necesario revisar las calidades de los magistrados que conforman el CSJ.
Para Borrero, en 20 años del CSJ son pocos los avances que se han logrado en materia de mejoramiento de la administración de justicia -objetivo del organismo- y algunas personas han llegado a ser magistrados sin cumplir con las calidades necesarias. De ahí que “son personajes que vienen del mundo político y que no pierden sus intereses haciendo parte de la administración judicial”, indicó Medellín.
» Polémica
Debate por fuero militar no termina
Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas, anunció la decisión del Ejecutivo de retirar el artículo 221 de la Reforma a la Justicia que buscaba brindar garantías jurídicas a los militares y policías en el desarrollo de operaciones y optar por la búsqueda de una ley que contemple estos aspectos, la polémica está abierta.
El senador del partido de la U, Roy Barreras, indicó que la inclusión del artículo 221 partió de un debate del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el que se discutió el tema de la seguridad jurídica para militares y policías. Por lo tanto, advirtió, este no se debería quitar por la decisión de un ministro y que seguirá haciendo trámite en el Congreso, pues fue aprobado en la Comisión I del Senado.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que el fuero es de carácter constitucional y todavía está vigente. Lo que se debe hacer es fortalecer la justicia penal militar.
Lo que se hizo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue que, dados algunos hechos considerados como vergonzosos por no hacer parte del servicio (como la emboscada de una patrulla militar a una de la Policía, en Jamundí, Valle), se determinó el paso de algunos procesos a la jurisdicción ordinaria.
Los dos coinciden en que debe haber una justicia especializada en estos temas.
