Ahora bien, tampoco puede continuar el ruido mediático de supuestos “choques de trenes” ante cualquier manifestación de los representantes de las altas Cortes, y de las inevitables respuestas de los voceros del Ejecutivo. Lo que esta semana se presentó como “una fuerte polémica” entre el Presidente del Consejo de Estado y el Presidente Santos, no tiene los ribetes alarmistas que se le quiso dar a ese intercambio de puntos de vista, a pesar de no ser usuales. En pleno trámite de reforma a la Justicia, las opiniones se dejarán oír desde uno y otro entorno.
Las propuestas hay que recibirlas con respeto, sin despojarse por ello del sentido crítico, el mismo que algunas veces molesta la hipersensibilidad judicial, pero que conviene a los intereses generales. Porque es con sentido crítico que hay que tomar los datos sostenidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, según los cuales la justicia ordinaria despacha al año el 110% de los procesos que tiene a su haber. Es decir, que evacúa el mismo número de procesos que entran a su consideración, e incluso más.
La percepción ciudadana no se compadece con estas optimistas cifras. La de los abogados litigantes, menos. La congestión judicial, problema crónico de los despachos judiciales, no existiría si la tal cifra de rendimiento fuera real. Este problema disuade a muchos de buscar la justicia formal, a pesar de la imagen asociada a una preferencia litigiosa de la gente para resolver sus controversias. La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia dijo el pasado jueves, tajante, que “los ciudadanos no acuden a la justicia porque no creen en ella”.
Tienen razón los altos magistrados que piden más recursos, más jueces, más despachos para trabajar. Así como la tiene la ciudadanía que demanda más compromiso, más eficiencia, más eficacia, menor incuria en el trámite de los dispendiosos procesos. Desafortunadamente, la burocracia político-judicial que ha terminado apoderándose del órgano administrador de la rama ha hecho inviable, entre otros, el alcance de estos propósitos.
Por eso, el anuncio de que la reforma propuesta a la Justicia realizará una “vuelta a Colombia” para ser discutida en los foros de los centros académicos donde pueda aportarse al debate, es una buena noticia.
Y en tanto se definen los recursos económicos y humanos, no se puede perder de vista aquello de sentido común que ha recordado el Ministro Esguerra Portocarrero: “Eso solo no es suficiente para resolver todos los problemas de la justicia. Se resuelven también con mejores jueces, con mejores fiscales y con mejores abogados”.
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