Los derechos que invoca siempre son los mismos: espacio público, construcciones con acceso a discapacitados, servicios públicos, moralidad administrativa, planes antisísmicos y mapas de ruido. Lo irónico de sus exigencias, que tienen contra las cuerdas a varios alcaldes, es que muchas veces sus reclamos superan incluso los presupuestos de los municipios.
Por ejemplo, Carlos Polanía, asesor jurídico de la alcaldía de Neiva, no sabe qué hacer con la acción popular que Arias interpuso contra el municipio, que lo obliga a ejecutar planes de canalización de dos quebradas urbanas.”Son obras necesarias, pero no están incluidas en el Plan de Desarrollo”, explicó a SEMANA. En Manizales el alcalde Juan Manuel Llano denunció que esa acción es una manera de “coadministrar”.
En el Valle 18 gobernantes locales están con los pelos de punta tras demandas que les exigen acondicionar viejas edificaciones públicas para el acceso a la población discapacitada. Pero también hay absurdos: en Cartago, Valle, por ejemplo, donde funciona un juzgado administrativo en el que hay 300 acciones populares, de las cuales 60 son de Arias, le reclaman a la Alcaldía por no tener una ventanilla para enanos, “Lo insólito es que en nuestra ciudad no hay población enana”, aseguró Nelly Mejía, jefe jurídica del municipio.
Javier Elías no está solo. Un grupo de abogados lo asesora. Eisenhower Zapata es uno de ellos y vela por los procesos del Eje Cafetero y norte del Valle. “En esta zona tengo a mi cargo la asesoría de 238 acciones populares”, explicó el jurista, que labora en la oficina de Paz de Risaralda. Agregó que de las 536 demandas falladas a favor de Arias, al menos el 80 por ciento de ellas involucra incentivos (entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales), tal como lo establece la Ley 472 de 1998.
Ese aspecto es el que tiene al ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y a los gobernantes locales cabildeando en el Congreso por un proyecto de Ley que busca eliminar los incentivos en las acciones populares. Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación de Municipios, cree que tras esas demandas no hay motivaciones altruistas, sino un negociado “que muchas veces cuenta con la complicidad de jueces, abogados y funcionarios locales”. Francisco Duque, de la Alcaldía de Envigado, aseguró que es tan evidente el ‘carrusel’, “que muchas veces los formatos de sus reclamaciones vienen con nombres de otras alcaldías”.
El tema de los incentivos ha motivado debates promovidos por la Corporación Excelencia en la Justicia, donde advierten que ese rubro motiva a los ciudadanos a reclamar derechos colectivos. De hecho, desde 2003 y hasta septiembre de 2009, el Consejo Superior de la Judicatura sumó 34.826 acciones populares en todo el país. El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, reconoce que los incentivos han sido objeto de abuso, “pero la misma justicia debe ponderar cuando la figura tiene usos temerarios”.
Lo cierto por ahora es que mientras las autoridades se ponen de acuerdo en frenar el ‘carrusel de accionantes’ que van de pueblo en pueblo demandando a sus alcaldes, la bolsa por incentivos que ostenta Javier Elías se acerca a 2.500 millones de pesos. Lo absurdo es que por cuenta de esa peculiar manera de ganarse la vida, Arias ya recibió amenazas de muerte que lo tienen tramitando protección especial ante el Estado.
