Por: Mauricio García Villegas
DOS NOTICIAS SOBRE DROGAS APAREcieron esta semana. El martes, el Presidente regañó al Fiscal por haber dicho que la penalización del consumo mínimo de drogas ilícitas no era efectiva y que, en lugar de reprimir, había que educar.
Al día siguiente, como queriendo respaldar su posición contra el Fiscal, el Gobierno presentó los resultados de una encuesta en donde, según él, se demuestra el aumento del consumo de drogas en el país. En ambas noticias el Gobierno queda mal parado.
En la primera, porque el Fiscal es un funcionario autónomo; no es un subordinado del Presidente y por lo tanto nada impide que tenga opiniones propias sobre política criminal. Como Uribe sabe que no puede destituir al Fiscal, ni siquiera pedirle que se retracte, lo regaña como si fuera un niño chiquito. El suceso no pasaría de ser una descompostura de mal gusto si no formara parte de una ya muy larga lista de intimidaciones presidenciales a la prensa, a las ONG, a la Corte, a los intelectuales y a todo aquel que no se sintoniza con el pensamiento del Jefe de Estado. Mirada esa lista en su conjunto -incluidas las ‘chuzadas’ telefónicas del DAS- más que un presidente intolerante y de mal carácter, lo que se ve es una política velada y juiciosamente destinada a restringir la libertad de expresión. (Que diferencia con la manera como Obama se dirigió a los republicanos en su discurso del martes pasado en el Congreso).
En el informe sobre consumo de drogas -la segunda noticia- las cosas no se componen para el Gobierno y eso porque allí no se dice lo que Uribe pretende, esto es, que hay un aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. La información que aparece en el informe (al menos la que publica la prensa) sólo habla de cifras actuales, con lo cual no se sabe si estamos igual, mejor o peor que antes. Pero incluso si nos atenemos a esas cifras, la situación de Colombia no parece tan grave. Más aún, si se mira el último informe de la Oficina para las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, se ve cómo el consumo en Colombia no sólo está por debajo de los promedios mundiales e incluso latinoamericanos, sino que se ha mantenido estable en los últimos años.
Con esto no quiero desconocer la gravedad del consumo de drogas en el país; lo que quiero es mostrar que no hay pruebas para afirmar que ese problema se ha agravado, ni para sostener que es peor en Colombia que en el resto de los países occidentales.
En fin, estas dos noticias son un fiel reflejo de la torpeza y falta de sentido práctico con las cuales el Gobierno enfrenta el problema de las drogas. El hecho de que esa torpeza nos venga de los Estados Unidos, es una excusa apenas entendible, sobre todo ahora, después de haber sido publicado el primer informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.
¿Será mucho pedirle al Presidente que cuando se trata de estos temas de gran envergadura nacional y mundial -como el de la droga- haga un esfuerzo por utilizar algo del pragmatismo que se le conoce cuando se dedica a los malabares de la política menuda y burocrática?
Ningún partido en Colombia se puede preciar de tener una discusión interna tan rica y abierta como la que existe en el Polo. Ojalá eso, que es una virtud, no se convierta en su perdición. Ahora más que nunca el país necesita de una izquierda democrática capaz de llegar al poder.
El Espectador / 01 de marzo de 2009
