Jiménez “exigió” al Gobierno que presente “disculpas a los niños” víctimas de abuso, así como a los 2.5 millones de personas que respaldaron el referendo.
El ministro del Interior, Fabio Valencia, aseguró que “penas largas y condiciones de agravamiento de las mismas” son “lo más conveniente para castigar estos delitos atroces como son la violación de los niños”.
Valencia se refirió a la cadena perpetua como una figura “que puede resultar extraña en la legislación colombiana”. El proyecto de referendo no ha tenido aún su primer debate en el Congreso.
David Luna, congresista de Por el País que Soñamos, se declaró “sorprendido” por la posición asumida por Valencia. “Él convocó (en diciembre) a sesiones extraordinarias para discutir el referendo reeleccionista, pero ahora manifiesta su oposición a un proyecto que busca proteger la vida de nuestros niños”, agregó Luna.
No es esta la primera vez que el Gobierno se declara en desacuerdo con la cadena perpetua.
En octubre de 2008 el presidente Álvaro Uribe dijo que esa figura no hacía parte “de la tradición del país” y se declaró preocupado por la posibilidad de que ese tipo de sanción se pudiese extender a otros delitos.
No obstante, la posición del Gobierno no quedó clara durante las audiencias públicas que sobre el proyecto realizó esta semana la Comisión I de la Cámara, donde el proyecto se comenzará a debatir en pocos días.
“Al Gobierno se le invitó a la audiencia y ninguna entidad se hizo presente”, destacó Karime Mota, presidenta de la Comisión.
Pero también hay voces a favor. El vocero del Partido Liberal en la Cámara, Carlos Piedrahita, destacó que Colombia, para el tema de abuso infantil, “tiene algunas de las penas más altas del mundo”.
“Es la primera vez que estoy de acuerdo con el Gobierno”, aseguró el congresista, quien también recordó que de acuerdo con la ley de Infancia y Adolescencia, “ningún atentado contra el honor, la libertad y el pudor sexual de los menores admite rebaja o disminución de la pena, así el abusador trabaje o estudie en la cárcel”.
La posibilidad de lograr un acuerdo para retirar la iniciativa, parece lejana.
Si bien la mayoría de los congresistas de la Comisión I de la Cámara no han anunciado si apoyan o no el proyecto y se reservan para el debate, los defensores del referendo aseguran que no permitirán la politización de la discusión y enfatizan que sólo el Congreso puede decidir sobre el futuro de la iniciativa.
El Tiempo / 27 de marzo de 2009
