En un debate de control político convocado para discutir el tema de las chuzadas, el funcionario reveló que de acuerdo con informes de inteligencia, en Bogotá, Medellín y Cali, estas compañías prestan sus servicios por un valor no superior a 10 millones de pesos mensuales.
“Le ofrecen el servicio de interceptación ilegal a cualquier ciudadano. Esto incluye cuatro cds, uno por semana”, dijo Muñoz ante la Comisión Segunda de Cámara de Representantes.
Agregó que dicho servicio se daría en complicidad de miembros de las policías judiciales e incluso de empresas de telefonía móvil.
El vicefiscal general (e), Fernando Barrera, aseguró que en el país hay 24 salas de interceptaciones, entre las que al parecer no figura la de la Procuraduría.
Al ser consultado sobre el proyecto de ley que abre paso a la liquidación del DAS y que iba a ser radicado este lunes, Muñoz indicó que habrá que esperar un tiempo prudencial.
Esto porque la iniciativa se encuentra en manos del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, quien debe analizar las repercusiones fiscales de este cambio.
Y es que la liquidación de la entidad y la creación de la nueva agencia de seguridad civil, contempla definir el futuro laboral de los 6.400 trabajadores del organismo.
Todavía no se ha definido cuántos harán parte de la nueva agencia.
