El posible círculo vicioso entre ineficiencia y corrupción a nivel judicial no puede ser quebrado en tanto no se adelanten esfuerzos por conseguir un cambio de reglas sobre el papel procesal de auxiliares y abogados , afirma.
Las denuncias contra funcionarios judiciales y abogados de Colombia por corrupción o faltas disciplinarias, que sumaban 13.500 al finalizar 1994, llegaron a 40.052 al cierre de 1999.
Según la investigación, efectuada por la CEJ con base en estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura y el Dane, las quejas resueltas en el país durante esos cinco años fueron 63.395, pero quedaron pendientes 26.657, cerca del doble de las que había al comenzar el quinquenio.
A manera de conclusión, el estudio se pregunta: es suficiente el control disciplinario hacia los funcionarios judiciales para superar los problemas de la corrupción en la administración de justicia? .
Para el director ejecutivo de la CEJ, Alfredo Fuentes, las normas disciplinarias para hacer frente a la corrupción son insuficientes, los procesos lentos y complejos, y las sanciones, en los casos en que se producen, leves.
Fuentes aseguró que es necesario acentuar los controles y las sanciones a los abogados, de los que entre 1992 y 1999 fueron sancionados 3.377, que equivalen al 3,25 por ciento de los 104.000 que hay en Colombia (247 por cada 100.000 habitantes).
Un 39,74 por ciento de ellos (1.342) fueron suspendidos temporalmente o excluidos de la profesión y el restante 60,26 por ciento (2.035) censurados o amonestados.
