Bogotá, 22 de septiembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción de la columna de opinión de Germán Alfonso López Daza publicada en Diario la Nación. El texto fue tomado de su página web.
La Corporación Excelencia en la Justicia lanzó esta semana una alerta sobre el desmedido aumento de sanciones en los abogados. De acuerdo al informe, diariamente son sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura 5 profesionales del derecho y en los últimos cinco años el número ha llegado a 5.984. Estas cifras son de lejos las más altas respecto a las demás profesiones que se ejercen en el país. Según dicha Entidad, estos preocupantes registros se deben a la laxitud por parte del Ministerio de Educación en el otorgamiento de autorizaciones para la apertura de programas y a la pobre formación ética en las escuelas de derecho del país.
En el mismo sentido, la revista Dinero publicó recientemente un informe en el que se advierte que Colombia es el segundo país -después de Costa Rica-, con más abogados en el mundo. En efecto, actualmente se registran 355 por cada 100 mil habitantes mientras Brasil, Argentina y Perú tienen 327, 305 y 250 respectivamente.
Esta masiva graduación se debe a que existen 183 programas de Derecho funcionando legalmente, muchos de ellos con un nivel de exigencia bastante bajo. Incluso hay universidades que están tramitando el permiso para ofrecer a distancia dicha carrera.
La problemática de fondo radica en varios factores como la baja calidad docente, la exigua investigación, la pedagogía en la enseñanza basada en la repetición de conocimientos más no en el razonamiento y la argumentación, la poca importancia en la educación ética, entre otros.
Las muy discutibles condiciones de calidad en el funcionamiento de algunos programas de derecho redundan en la deficiente formación de los futuros profesionales, quienes muy probablemente ejercerán su labor con mediocridad, ejerciendo prácticas violatorias de la ética y recurriendo a la corrupción.
Ante este panorama, el examen de Estado -que en 4 años iniciará su aplicación a los egresados-, así como una mayor vigilancia por parte del Ministerio de Educación, podrían ayudar a mejorar estos malos indicadores y a subir el nivel académico y ético de los profesionales del derecho.
Consulte la columna en el siguiente enlace: https://bit.ly/2nfC9Sl
