El programa está en la mira del fiscal general (e.) Guillermo Mendoza Diago, quien ordenó la investigación.
“Es algo que hasta ahora se empieza a investigar. Lo que si está claro es que no se va a permitir ninguna clase de vagabundería con el manejo de esos recursos”, le dijo el fiscal Mendoza a EL TIEMPO.
Las denuncias indican que habría irregularidades en el manejo de recursos que se deben destinar al pago de transporte, alimentación y, en especial, de alojamiento de personas que están cobijadas por ese programa.
El miércoles en la tarde, el fiscal Mendoza estudiaba la posibilidad de encargar a un grupo de Policía Judicial la realización de un peritazgo a los informes contables, recibos y facturas, entre otros del programa de Protección.
Los denunciantes afirman que se han registrado sobrecostos en el pago de facturas, en especial de hospedaje.
Por ejemplo, según la denuncia que llegó al despacho del Fiscal General, hay casos de pago de habitaciones de hotel hasta por 15 días, cuando la persona protegida apenas se alojó por dos o tres días.
El año pasado, la Fiscalía incluyó en el programa de protección a 1.445 personas, entre ellas 632 menores. En el primer semestre fueron vinculadas otras 407 personas.
