El Tiempo reveló detalles de una investigación de la Fiscalía que, a partir del seguimiento a un extraditable, terminó destapando un entramado de tráfico de influencias en torno a procesos electorales en manos del Consejo de Estado. Según el expediente, Carlos Arturo Fernández Trujillo, oficial mayor de la Sección Quinta del alto tribunal, tenía contactos con abogados de los comprometidos en esos casos y los mantenía informados sobre el estado de los mismos. Y, al parecer, pedía dinero a cambio de decisiones favorables.
El abogado Ariza aparece en por lo menos tres conversaciones interceptadas por el CTI y en una de ellas se declara dispuesto a dar dinero por las gestiones que Fernández estaría adelantando. Inicialmente, Ariza negó cualquier nexo con Fernández pero cuando aparecieron pruebas de que le había pagado al funcionario la mitad de los estudios de especialización en Derecho Administrativo, no tuvo más remedio que reconocer su cercanía. Sin embargo, negó cualquier ofrecimiento de dinero para ‘arreglar’ procesos.
El escándalo pareció aplacarse cuando el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, dijo que aunque desconocía los detalles de la investigación, resultaba difícil creer que un oficial mayor, cuyas labores son administrativas, pudiera influir o condicionar decisiones judiciales. Sin embargo, CAMBIO indagó por el estado de los procesos en manos de la Sección Quinta del Consejo en los que Ariza interviene como abogado y encontró que la mayoría ha sido objeto de denuncias por dilaciones injustificadas y de no pocas quejas por maniobras del litigante para conseguir fallos favorables a los intereses de sus defendidos.
Algunos casos
Uno de estos tiene que ver con un proceso de nulidad de la elección de los diputados a la Asamblea del Magdalena por fraude electoral. El proceso fue abierto a raíz de varias demandas, entre ellas la de Franklin Lozano.
Lozano, administrador de empresas, denunció que, pese a que terminado el primer conteo de votos el 28 de octubre de 2007 tenía asegurado un escaño por el movimiento Apertura Liberal, apareció con el 15 por ciento menos de los votos en el informe de resultados de la Registraduría. Convencido de que había habido fraude, entabló la demanda.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena comprobó que los votos restados a Lozano en forma irregular fueron sumados a la votación de Armando Castillo, que salió elegido, y por eso el 3 de septiembre de 2008 declaró nula la elección de los diputados para el período 2008-2011. La sentencia fue apelada ante el Consejo de Estado donde ha sido reasignada varias veces.
“El diputado Castillo, cuya curul es espuria por ser obra de un fraude, pregona hoy a los cuatro vientos que el asunto ya está arreglado por su abogado, el señor Ariza, y que la Sección Quinta del Consejo de Estado echará para atrás la decisión del Tribunal”, le dijo Lozano a CAMBIO, y agregó que el propio Castillo ha dicho que los candidatos que podrían verse afectados si el Consejo confirma la nulidad, “organizaron una colecta millonaria para lograr una decisión favorable”.
Jorge Castaño, otro de los aspirantes que perdió la curul ante Margarita Vives Lacouture, dijo que en su caso se han presentado dilaciones inexplicables. “Parecería que el Consejo se niega a declarar la inhabilidad de la señora Vives, elegida cuando su hermano Nelson era gerente regional del Instituto del Seguro Social en Magdalena -afirma Castaño-. Las pruebas son de bulto”. El caso fue fallado el año pasado por el Tribunal Administrativo, que consideró que la inhabilidad era manifiesta. Pero el Consejo de Estado calla.
Las dudas también se extienden al caso de la elección de Sandra Ramírez, actual vicepresidenta de la Asamblea del Magdalena y quien inscribió su candidatura cuando aún se desempeñaba como secretaria de Planeación del departamento y derrotó a Anselmo Marín Perea.
Por ahora solo existen las grabaciones que hacen parte de un expediente de la Fiscalía y el interés por el asunto parece marchitarse. Pero es urgente una investigación seria en el Consejo de Estado para despejar las dudas y sancionar a los responsables.
“No hemos permanecido impávidos”.
Rafael Ostau de Lafont, presidente del Consejo de Estado
El Presidente del alto tribunal asegura que ya tomaron medidas para evitar casos de corrupción e impedir que los que se descubran queden en la impunidad. “Inmediatamente conocí las denuncias públicas, le pedí al Fiscal General que enviara al Consejo de Estado las pruebas pertinentes, pues al fin y al cabo la reserva del sumario ya había sido quebrantada”.
“Sin demoras impusimos controles más drásticos en la Secretaría de la Sección Quinta para evitar la acción de ovejas descarriadas”.
“El Procurador General ejerció el poder preferente y garantizó que llegará hasta las últimas consecuencias”.
“Vamos a dejarle en claro a la opinión que el Consejo falla todos los días en Derecho y que si ocurrió alguna anomalía, se trata sin duda de una excepción a la regla de la honestidad y el decoro con los que siempre procede nuestra corporación”.
