Esos mismos magistrados ordenaron además la realización de la revocatoria de mandato del Alcalde, con el argumento de que la destitución supuestamente impide que la persona que interpuso la tutela, Marisol Gamboa, ejerza su derecho al control político sobre la gestión de Petro.
Aunque expresamente no tumban el fallo de la Procuraduría –de hecho, reconocen que en las normas es clara la facultad del Ministerio Público para disciplinar a los funcionarios elegidos–, en la práctica los magistrados lo hacen inaplicable.
Así, decidieron “suspender los efectos del acto administrativo de destitución durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la legalidad del acto”. Fue la misma tesis con la que dos magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura concedieron cerca de 300 tutelas que habían sido radicadas en juzgados de Bogotá.
La autoridad competente para revisar la legalidad de las decisiones de la Procuraduría son tribunales administrativos y, de fondo, el Consejo de Estado. Se trata de procesos extensos que, en el caso de Petro, terminarían después de que se cumplan los dos años que le quedan en el cargo.
También este jueves se falló de fondo en favor de Petro la tutela que había suspendido por 10 días la destitución. En esta, proyectada por el polémico magistrado José María Armenta, el argumento es que supuestamente los funcionarios de elección popular no pueden ser investigados y sancionados por la Procuraduría, pues el control sobre ellos deben ejercerlo los electores y los tribunales competentes. Y una tercera tutela señala que al mandatario se le habría negado el debido proceso.
La Procuraduría anunció ya que impugnará los tres fallos y los que lleguen (en el Tribunal había 36 tutelas) ante el Consejo de Estado. Fuentes de esa corte aseguraron que la revisión, por sus implicaciones, podría ser avocada de urgencia y resuelta no por una sala de tutela sino por la totalidad de los magistrados.
Antes de un mes, según esas fuentes, habría una decisión del Consejo de Estado. La instancia definitiva será la Corte Constitucional, que en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, hace cuatro meses, reiteró que la Procuraduría tiene plenas facultades disciplinarias sobre todos los funcionarios, incluidos los elegidos por el voto.
Pero la incertidumbre jurídica por cuenta de la estrategia de la ‘tutelatón’ podría seguir porque, por un lado, hay centenares de demandas que aún no han sido resueltas y cuya segunda instancia no son las altas cortes.
Intensa polémica
Expertos consultados por EL TIEMPO advirtieron que la situación está generando un caos que va contra la seguridad jurídica y la buena marcha de la administración pública.
El exprocurador Jaime Bernal señaló que “hay un abuso de la figura de la tutela” y que es claro que hay una estrategia que busca ampliar la permanencia del Alcalde en su cargo. “Es urgente que las autoridades judiciales busquen un mecanismo para unificar las tutelas y evitar estos fallos contradictorios”, dijo.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, también pidió medidas de la Judicatura para ordenar el trámite de la cascada de tutelas interpuestas por los partidarios del Alcalde. “Hay apartes de las tutelas falladas que pueden rayar con el prevaricato. La Judicatura debe investigar a los operadores judiciales que fallan en contra de las leyes, la Constitución y la Jurisprudencia”, señaló.
Y el exvicefiscal Francisco José Sintura dijo que se está abriendo “un boquete” que podría hacer inoperante el control disciplinario sobre los funcionarios públicos.
La Procuraduría dijo que este viernes publicará el edicto con el que notificará a Petro del fallo de segunda instancia.
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