Durante los últimos años las investigaciones contra lo que se llamó la parapolítica fueron de especial importancia para que el país supiera la verdad de lo que ocurrió en la provincia colombiana. Con ellas se destaparon nexos perversos y aterradores entre algunos dirigentes políticos y las mal llamadas autodefensas que, junto con la guerrilla, azotaban casi todo el territorio nacional.
Esa tarea fue posible porque la Corte asumió su papel de investigador y juez con valentía y decisión, reconocidas incluso en el concierto internacional. Con las imperfecciones propias de un sistema que no fue diseñado para casos tan escabrosos, el Tribunal ha ido descubriendo la intrincada maraña de intereses que, justificada en la aparente lucha contra la violencia guerrillera, sirvió para desvirtuar la esencia de la representación popular, para amenazar a los ciudadanos y para desfalcar el tesoro público en muchas regiones del país.
Es innegable que existieron, y aún existen, inquietudes acerca de la actuación de la Corte. Y que es válida la preocupación sobre el hecho de que la Sala Penal de esa institución pueda investigar a los congresistas y a la vez ser juez, con lo cual puede constituirse en una instancia única. La solución entonces es adecuar las normas a las nuevas realidades, buscando alternativas que hagan más transparentes los procesos que involucran a los parlamentarios, sin que se conviertan en la simple aplicación de las mayorías en el Legislativo.
Pero otra cosa es crear un tribunal especial para que se encargue en forma exclusiva de las acusaciones contra los congresistas, como lo proponen dirigentes del Partido de la U. Tal propuesta, que desarticula la distribución de funciones fijada por la Constitución y está dirigida a despojar al máximo tribunal de justicia de uno de sus atributos, es un atentado contra la democracia. Y como sólo puede ser revisada y aprobada por el mismo Congreso, no resiste un análisis jurídico serio y más parece una especie de revancha política que no puede aceptarse.
Sin duda la Administración de Justicia necesita reformas urgentes para resolver los problemas que la aquejan y el país está en mora de revisar los procedimientos para investigar y juzgar a los dignatarios del Estado. Pero tal cambio debe ser producto del interés por mejorar el servicio público más importante para cualquier sociedad. Por eso, tramitar la creación de un tribunal como el propuesto será un gran error, además de una burda aplicación de las mayorías partidistas, con graves consecuencias para el orden y la democracia en Colombia.
