Un documento conocido por Colprensa destapa otros huecos que comprometen al organismo se seguridad del Estado con este escandaloso hecho. En dicho texto se da cuenta de los viajes realizados por algunos magistrados durante 2006 y 2007, y que en su momento generaron otras polémicas.
Entre las pruebas que le dan la razón a los múltiples reclamos de los juristas está la investigación del DAS, denominada “El Paseo I y II”, en ella se consignan las transacciones bancarias, los viajes y movimientos de los magistrados.
LOS INTERCEPTADOS
Entre los nombres de los “chuzados” están el del ex presidente de la Corte y actual miembro de la Sala Civil, magistrado César Julio Valencia, quien hoy tiene cazado un pleito jurídico con el presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
De la misma manera aparecen Carlos Isaac, Jorge Luis Quintero, Camilo Humberto Tarquino y Alfredo Gómez, quien desde febrero pasado se disputa, con sus colegas de la Sala Penal, la presidencia del Alto Tribunal.
Otro de los interceptados es Hernando Torres presidente del Consejo Superior de la Judicatura, protagonista durante el paro judicial de 2008 que terminó con una declaratoria de emergencia judicial.
Según el documento, los seguimientos se habrían dado por petición de Jorge Laberto Lagos, ex jefe de Contrainteligencia del DAS, quién salió de la Institución tras el último escándalo relacionado con las cuentas bancarias, los viajes y los lugares en que se hospedaron los magistrados.
“Se da respuesta a la información de inteligencia financiera de transacciones cambiarias, en efectivo, reportes de operación notarial y base de datos de salud y teléfonos celulares”, señala el texto haciendo referencia a la información que en detalle registraron los responsables de las “chuzadas”.
EN EFECTIVO
En el caso de los movimientos bancarios el DAS se refiere a un archivo denominado “transacciones en efectivo”. Datos como fechas, montos, productos adquiridos, descripciones de las tarjetas de crédito, números de cuenta, identificaciones y entidades financieras, hacen parte de los pormenorizados seguimientos de que fueron víctima los juristas en ciudades como Sincelejo, Barranquilla y Neiva.
“PASEO I”
“Paseo I”, así se denomina uno de los archivos. En él se encuentra la documentación relacionada con información que vincula al empresario del Huila, Ascencio Reyes y el presunto narcotraficante, detenido en Italia, Giorgio Sale, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Hubo una reunión en la Lenoteca Barranquilla en la celebración de los cumpleaños del señor Giorgio Sale, a la que asistieron algunos magistrados en el 2006”, dice uno de los escritos por el DAS, y que tanto dieron para hablar durante el 2007 y parte del 2008.
Precisamente, por estos hechos hoy se adelantan en diferentes instancias procesos judiciales, en muchos de los cuales se han visto enfrentados periodistas y magistrados.
“PASEO II”
En este aparte se revelan pruebas con relación a un viaje Bogotá – Neiva en los días 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. “En esta carpeta se encuentra información de Certificados de las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, Certificados de Cámara de Comercio a nombre de Ascencio Reyes”, dice el documento.
Otro de los capítulos del informe habla del seguimiento que el DAS le hizo a un viaje que tuvieron los magistrados de la Corte Suprema en compañía de sus esposas y algunos miembros de seguridad los días 9 y 10 de junio de 2006 a Neiva.
El objetivo -se afirma- era celebrar la elección del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Yesid Ramírez Bastidas.
Este viaje hizo parte del seguimiento ilegal del DAS. “Se pagó a nombre del empresario Ascencio Reyes con la empresa Satena por valor de 21’800.000 pesos con destino Bogotá, Neiva- Bogotá”, dice el “Paseo II”.
En este viaje los detalles del hospedaje también fueron vigilados.
“La facturación por servicio y alojamiento fue registrada a nombre del señor Ascencio Reyes, por un valor de 11’522.068 pesos, los cuales fueron cancelados así: 9’522.068 en efectivo, y con la tarjeta de crédito 2’000.000 pesos”, señala.
Pero este no es el único documento que reposa en manos de los fiscales delegados y del propio fiscal general, Mario Iguarán.
Una serie de conversaciones harían parte de más seguimientos, los mismos que habrían motivado al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado a abrir en la última semana una serie de investigaciones contra varios miembros del DAS, entre quienes están la ex directora del organismo, María del Pilar Hurtado, y el sub director Joaquín Polo.
La idea del Ministerio Público es determinar si los implicados incurrieron en alguna falta disciplinaria además de pretender establecer si las órdenes que en particular se atribuyen a Jorge Laberto Lagos, ex jefe de Contrainteligencia del DAS o si por el contrario, vinieron de instancias superiores.
Vigilados por el Das
A mediados del pasado mes Colprensa conoció y publicó los documentos que están en manos de la Fiscalía en donde se extraen apartes de los perfiles laborales y tendencias políticas de algunos magistrados de la Corte Suprema, vigilados por el DAS. De los documentos se resaltan y reiteran las siguientes anotaciones que aún hacen parte del grupo de pruebas a revisar por la Fiscalía:
JORGE LUIS QUINTERO MILANES: “No se conoce que tenga padrinos políticos, maneja bajo perfil y no ha realizado pronunciamientos en contra del Gobierno Nacional”.
SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA: “Mantiene una estrecha relación con los ex magistrados de la Sala de Casación de Penal, de apellidos Galán y Casallas; defensores de la entonces pareja de ciudadanos alemanes gauss (vinculados con presuntas negociaciones de secuestrados con el ELN)”.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO: “Es hermano de Raúl Gómez Quintero, pertenece al partido Conservador Colombiano, línea que orienta el senador Iván Díaz Mateus, opositor al proyecto de reelección”.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS: “Ha sido opositor de iniciativa del Gobierno Nacional que pretende reglamentar la tutela y definir la competencia de conocimiento de las acciones de tutela contra sentencias de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Así mismo crítico de la Corte Constitucional y de las relaciones de ésta con el presidente Álvaro Uribe”.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ: “Fue el encargado de citar a Salvatore Mancuso y a Vicente Castaño a declarar ante la Corte por las afirmaciones que hiciera acerca de que tenían el 35 por ciento de influencia paramilitar en el Congreso”.
El Universal / 27 de abril de 2009
