EL NUEVO SIGLO muestra esas coincidencias y diferencias que tienen ambas propuestas, aunque la que presentó el Gobierno todavía tiene que ser discutida a fondo con las Cortes y las bancadas de la Unidad Nacional, por lo que puede presentar cambios.
Reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura
En el tema de la reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura, el proyecto que presentó el Gobierno a las Cortes, para su concertación, propone su supresión y en su lugar la creación del Consejo Superior Judicial, encargado de manejar la parte administrativa de la Rama e integrado por los presidentes de las altas Cortes, un delegado de cada corporación y uno de los trabajadores y funcionarios judiciales.
Por su parte, el proyecto de reforma que propuso la comisión de alto nivel plantea la creación del Consejo Nacional de la Administración de Justicia, que estaría integrado también por los presidentes de las altas Cortes y con funciones administrativas.
Ambos proyectos también sugieren mantener la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, encargada de manejar el presupuesto destinado a la Justicia.
Elección del Fiscal General
En el actual proyecto de reforma judicial, el Gobierno dejó intacta la elección del Fiscal General, es decir, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia lo escoge de una terna enviada por el presidente de la República.
Por otro lado, el proyecto de la comisión de alto nivel propuso que el director en propiedad del ente acusador sea escogido por el jefe de Estado, de una lista de seis aspirantes elaborada por la Corte Suprema de Justicia.
Uso de la tutela
En el espinoso tema de la acción de tutela contra sentencia judicial, hay algunas diferencias en las dos propuestas de reforma judicial.
Por un lado, la presentada por el presidente Juan Manuel Santos dispone que la tutela contra sentencia judicial es procedente, pero ésta será fallada por la Sala Plena del mismo alto Tribunal que profirió el fallo impugnado y en segunda instancia por la Corte Constitucional. Además, introduce la caducidad de un mes para interponerla, y exige su tramitación a través de un abogado, aunque no es claro en señalar si éste requisito es sólo para la tutela contra providencia judicial o para cualquier caso.
Por el lado de la comisión de reforma judicial, se propuso que la tutela no procederá contra sentencias del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia por concepto de apreciación probatoria o de interpretación de la ley, sino sólo en caso de grave violación del derecho fundamental del debido proceso en que incurra el Tribunal de conocimiento. En esta propuesta también se incluye la caducidad de dos meses para presentar la acción contra providencia judicial y con el requisito de ser interpuesta por un abogado.
Descongestión Judicial
El Gobierno propone, dentro de un plan para descongestionar la Justicia, otorgar facultades jurisdiccionales a los abogados, “hasta que se supere el rezago judicial”.
La comisión de notables no contempló otorgar facultades especiales a abogados o notarios, pero sí otros planes como la oralidad en procesos civiles, simplificación de trámites judiciales, entre otros.
Elección y período de los magistrados
En este tema hay diferencias notables entre ambas propuestas.
El gobierno de Santos planteó que “con el fin de lograr un poder judicial independiente, experimentado y ajeno a los intereses de la política se constitucionaliza la carrera judicial y establecerá un sistema de concurso para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”. De igual manera, establece que para ser magistrado de las altas Cortes se requiere 20 años de experiencia profesional. “Así mismo, el periodo de los magistrados se aumenta de ocho a 12 años y de 65 a 70 años la edad de su retiro forzoso”.
En la pasada propuesta de reforma judicial se contemplaba que la elección de magistrados se hacía por el sistema de cooptación, o sea, elegidos por la misma corporación judicial.
La edad de retiro forzoso también se fijó en 70 años y una experiencia de 15 años.
Competencias disciplinarias
La actual propuesta de reforma judicial contempla que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los investigue la Corte Constitucional, a los de ésta última Corte los indague disciplinariamente el Consejo de Estado, y a los magistrados de éste último sean investigados por la Corte Suprema.
A los jueces y fiscales los deberá investigar la Procuraduría y a los abogados una colegiatura superior integrada por profesionales del mismo ramo.
En cuanto al informe presentado por la comisión de reforma judicial, incluye: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Procurador, cuando fueren postulados por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado; y los magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Nacional de la Administración Judicial y el Procurador, cuando fuere postulado por el Consejo de Estado y el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia”.
La comisión propuso que los jueces fueran investigados disciplinariamente por la Procuraduría y los abogados por una Colegiatura Nacional de Abogados.
Función nominadora de las Cortes
En este aspecto el Gobierno propuso modificar las competencias nominadoras de las altas Cortes para la elección de Procurador y Contralor. “El Procurador se elegirá por el Senado de terna nominada por el Presidente y el Contralor será elegido por el Congreso de aspirantes que se inscriban ante esa Entidad”.
La comisión de alto nivel propuso también este año dejar intactas las elecciones de Procurador y Contralor.
Reacciones al proyecto
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, consideró como inconveniente facultar a la Procuraduría para poder investigar a jueces y fiscales, a través de la reforma que pretende tramitar el Ejecutivo en el Congreso.
“Yo creo que la Procuraduría ha hecho bien su tarea, frente a los funcionarios públicos, pero la tarea disciplinaria frente a jueces y fiscales debe procurarse que sea la misma Rama”, dijo el magistrado.
Por otro lado, el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, recomendó hacer un “análisis profundo” a la propuesta del presidente Santos de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.
“No sabemos hasta qué punto ayudará a la justicia”, aseguró el magistrado en La W.
Agregó que hay que “medir la gerencia de la administración de la justicia” y tener “mucho cuidado” cuando se habla de “desmontar órganos” que fueron creados con la Constitución de 1991.
