Los comisionados, presididos por el ex magistrado de la Corte Suprema José Alejandro Bonivento, debatieron y descartaron la creación de una especie de ‘Supercorte’ que tendría dentro de sus diferentes salas las funciones que cumplen las actuales.
“Hubo consenso en que era una buena iniciativa, pero también se reconoció que el país ya tiene un arraigo institucional frente a la separación de los máximos tribunales y que este no es un buen momento para tocar esas estructuras”, dijo Bonivento.
Otro punto definido es que se exigirá del Gobierno el compromiso de respetar la esencia de las propuestas: esto es, que si llega un proyecto al Congreso no habrá chance de que ese espacio sea aprovechado para tocar figuras como la pérdida de investidura en el Consejo de Estado o los procesos penales contra congresistas, que se adelantan en la Sala Penal de la Corte Suprema.
En ese sentido, el presidente de la Comisión es claro: “Si existiera la posibilidad de que se fuera más allá y se recortaran facultades de las altas Cortes, nosotros preferiremos que el proyecto ni siquiera se discuta”.
Aunque se reconoce que es un tema del resorte del Ejecutivo, los comisionados recomendarán que se restablezca el Ministerio de Justicia, pero que se regulen sus funciones de tal manera que se garantice la plena independencia de la Rama Judicial.
También hay preacuerdos sobre la importancia de modificar los sistemas de elección de los magistrados y algunas de las elecciones que se realizan en las cortes y que no tienen nada que ver con funciones judiciales.
Esta semana, el tema central de los debates será la Fiscalía. En los próximos días, las discusiones se ampliarán a las regiones.
“Se está trabajando con seriedad y mucha autocrítica para presentarle al país una propuesta que de verdad sirva”, dice Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, que hace la Secretaría Técnica de la Comisión.
1. Fiscal, tema esta semana
Uno de los temas coyunturales que mirarán los comisionados es el mecanismo de elección del Fiscal General de la Nación. Sus propuestas no aplicarán a la actual elección, que completa siete meses sin humo blanco.
Aunque la discusión no ha arrancado, EL TIEMPO conoció que una opción que se mirará es invertir el actual sistema de elección: esto es, que la terna la proponga la Corte Suprema y que elija el Presidente. También es fuerte la posición de incluir expresamente el requisito de ser experto en derecho penal para poder aspirar al cargo.
Y habrá un debate de fondo: ¿debe el Fiscal, como en E.U., depender del Ejecutivo?
2. Más tiempo en las cortes
Una propuesta que hizo el Gobierno en el 2007 en la reforma a la justicia que se envolató por cuenta de la pelea con la Corte Suprema volverá a entrar en escena: la ampliación del período de los magistrados de las altas cortes y también el aumento de la edad de retiro forzoso.
Los magistrados están en sus cargos por ocho años y salen a los 65 por edad cumplida. Con la experiencia de otros países (en E.U., por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema son elegidos de por vida), se habla de ampliar los periodos hasta 12 o 15 años.
También se planteará subir por lo menos en 5 años la edad para retirarse.
3. Cambios en modo de elegir
Entre los comisionados impera la convicción de que el actual sistema de elección de magistrados (algunos postulados por Presidencia y elegidos por el Congreso) debe ser modificado.
El tema sigue en construcción, pero fuentes que conocen las discusiones señalan que se planteará volver al sistema de cooptación (elección en las mismas cortes), pero basado en los concursos de méritos y las audiencias públicas.
De la misma manera, las cortes no quieren que la Rama siga participando en la elección de funcionarios que no tienen nada que ver con la función judicial. Eso pasa, por ejemplo, con el Auditor General (elegido por la Corte Suprema) y con los contralores departamentales, que son postulados por los tribunales superiores.
4. Tutela contra sentencias
En la Comisión tienen asiento magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Y un avance claro es que las dos cortes se muestran dispuestas a acuerdos frente a un tema que siempre les ha generado urticaria: las tutelas contra sentencias judiciales.
En las discusiones se parte de la base de que no se puede alterar el derecho de los colombianos a interponer tutelas frente a fallos de los jueces. Se propone una reglamentación para evitar los famosos ‘choques de trenes’ como los generados por algunas tutelas contra la Corte Suprema y el Consejo de Estado falladas por la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Entre las opciones analizadas está la prohibición expresa para que esa Sala conozca de tutelas contra los altos tribunales, que es por cierto un tema que se está discutiendo internamente en la misma Judicatura.
También se ha hablado de establecer reglas para evitar la ‘tutelitis’, un mal crónico en el sistema judicial.
“La importancia de la tutela está a salvo de toda discusión -dice uno de los miembros de la Comisión-. Pero se buscarán mecanismos para evitar que se desgaste”.
5. ¿Qué va a pasar con la Judicatura?
En la Comisión no están, como miembros con voz y voto, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Sobre la ausencia del primero, se dice que obedece a que una de las ‘papas calientes’ en la agenda del organismo es, precisamente, plantear reformas de fondo a la Judicatura. Y en cuanto a la Corte Constitucional, se debe a que si la propuesta se convierte en ley, necesariamente tendrá que ir a revisión de ese tribunal.
Frente a la Sala Disciplinaria, que ha sido llamada “órgano descompuesto de la Justicia” por el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, se hablará de opciones como dejarle las funciones de control profesional a los colegios de abogados o a un órgano similar que no necesariamente sea una Corte.
Y en cuando a la Sala Administrativa, que ‘gerencia’ la Rama Judicial, se parte del consenso de que no es conveniente para el país que el presupuesto de la Justicia sea manejado por el Ejecutivo, como sucedió hasta 1991.
