Elección de Fiscal General
La elección del Fiscal General será sin duda uno de los problemas que tendrá que sortear Santos después de su posesión. Actualmente, dicho proceso va cumplir un año, desde que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia empezó a votar por la terna.
En septiembre de 2009, el alto Tribunal declaró la terna original como inviable, la cual estuvo llena de escándalos y pujas con el presidente Uribe. El principal hecho que impidió la elección del director en propiedad del ente acusador el año pasado era que ninguno de los aspirantes era abogado penalista; requisito que aunque no está incluido en la Constitución, sí era requerido en los casos que el fiscal adelantara investigaciones en contra de altos funcionarios del Gobierno aforados.
Sobre este aspecto, hubo varias críticas de Uribe, quien en repetidas ocasiones arremetió en contra de los magistrados de la Corte Suprema.
Este año, la terna para fiscal fue renovada en su totalidad por renuncia de los postulados y se incluyó a un ex presidente de la alta Corte. El pasado febrero, la alta Corporación judicial declaró la terna como viable, pero hasta el momento ninguno de los aspirantes ha logrado 16 votos, de 23 magistrados que la componen.
Sin embargo, varios medios de comunicación han sostenido que la Corte no escogerá el reemplazo de Mario Iguarán en este Gobierno. Por eso, es importante esperar si después del 7 de agosto Santos mantendrá la misma terna o si por el contrario la modificará.
Al respecto, el ex Ministro de Defensa ha sostenido que mantendría los actuales postulados, pero aseguró que dada la eventualidad haría cambios en la terna.
Relaciones con el Poder Judicial
Santos deberá buscarle solución durante su mandato a uno de los más duros enfrentamientos que se haya dado en los últimos años, entre dos poderes públicos.
El conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo empezó en 2007 cuando el presidente Uribe denunció penalmente al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia, por injuria y calumnia.
El enfrentamiento se incrementó en 2008, cuando la Corte Suprema tomó las primeras decisiones en el proceso de la parapolítica, donde se vieron involucrados congresistas allegados al Presidente de la República.
Este año, el conflicto llegó a su punto más alto cuando el Jefe del Ejecutivo arremetió contra los jueces de la República, primero contra la juez que ordenó la captura del ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, por el caso de las chuzadas y en contra de la que condenó al coronel en retiro Alfonso Plazas, por la desaparición de civiles en la retoma del Palacio de Justicia.
De hecho, varias voces de protesta han venido desde el extranjero contra esta intromisión del presidente Uribe en la justicia colombiana, como por ejemplo la de la relatora de las Naciones Unidas para la independencia judicial, quien consideró que en Colombia está comprometida la autonomía de los funcionarios judiciales.
Además, en distintas oportunidades varios magistrados han acudido a instancias judiciales internacionales para denunciar las interferencias en sus decisiones y vidas privadas.
Hay algunos que han sostenido que el verdadero ataque que ha recibido la justicia colombiana ha sido el evento de las chuzadas a magistrados, donde fueron interceptadas sus comunicaciones y objeto de seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Tercer canal de televisión
Otro de los chicharrones con los que tendrá que lidiar Santos, una vez se posesione, será el relacionado con el proceso de adjudicación del tercer canal privado a cargo de la Comisión Nacional de Televisión (Cntv).
Dicho proceso ha estado rodeado de pesquisas de los entes de control, denuncias de favorecimiento a uno de los oferentes y falta de criterio por parte de la Cntv a la hora de exigir requisitos a los licitantes.
Sin embargo, la controversia llegó a su clímax, cuando la semana pasada dos de los oferentes, Pacsa, del que hace parte el grupo español Prisa, la programadora CM& y los diarios regionales colombianos, y Rendiles, dominado por el conglomerado de las comunicaciones venezolanas Cisneros, anunciaran su retiro definitivo de la licitación, alegando falta de garantías. Ahora queda un solo proponente, Canal 13, es decir, el grupo español Planeta que compró el diario El Tiempo, en cuya composición accionaria participa el actual vicepresidente Francisco Santos; su primo, el ahora Presidente electo, vendió sus acciones hace algún tiempo.
El mecanismo que decidió la Cntv para adjudicar el canal fue la de subasta, que se haría en las actuales condiciones con un solo licitante, hecho que el mismo Consejo de Estado ha salido a corregir.
También fue ampliamente criticada la premura que le ha impuesto el Gobierno a la adjudicación del tercer canal privado en plena época electoral, teniendo en cuenta que los entes de control y los mismos grupos licitantes que se retiraron, pidieron por varios meses suspender el proceso.
Extradición
Otro de los chicharrones a tener en cuenta en el próximo Gobierno, es el tema de las extradiciones, que también ha generado roces con la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal del alto Tribunal ha decidido, desde el año pasado, que autorizará las extradiciones de narcotraficantes sólo después que éstos hayan confesado todos sus crímenes y hayan reparado a las víctimas.
Hace dos semanas, la alta Corte decidió agregarle un nuevo ingrediente, no autorizará tampoco las extradiciones de los solicitados que sean objeto de investigación por delitos de lesa humanidad.
Esta decisión fue tomada por el alto Tribunal, después que fueran extraditados varios ex jefes paramilitares con nexos con el narcotráfico a Estados Unidos y no prestaran la debida colaboración con las autoridades colombianas en el esclarecimiento de procesos como la parapolítica.
El año pasado, magistrados de la Sala de Casación Penal denunciaron que funcionarios estadounidenses impidieron estas declaraciones. Sin embargo, el Gobierno siempre ha insistido que los extraditados han colaborado con la justicia desde Estados Unidos.
Entre otras, la Sala Penal de la alta Corte ha negado recientemente la extradición de Freddy Rendón, alias el Alemán. Al poco tiempo después, el Gobierno solicitó reunirse con la Sala de Casación para llegar a un acuerdo en el tema, pero los magistrados no accedieron a esa petición.
Sin embargo, en ocasiones pasadas ya se ha reunido el presidente Uribe con la Corte, para tratar el tema de la extradición, y el año pasado el Gobierno se comprometió a colaborar para que los extraditados colaboraran con la justicia colombiana.
