En el lanzamiento, los promotores de la propuesta presentaron cifras sobre las agresiones a quienes defienden los derechos fundamentales en el país.
De acuerdo con ellos, entre el 2002 y el 2008 un total de 610 de estas personas fueron agredidas. De esta cifra, el 59 por ciento reportó haber sido víctima de los paramilitares, el 23 por ciento de algún agente del Estado y el 3 por ciento por la guerrilla.
“Dentro del rótulo de Estado colombiano, además de la Fuerza Pública (Ejercito y Policía), otras instituciones aparecen dentro del sistema como presuntos responsables, tales como la Fiscalía General, El Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Departamento Administrativo de Seguridad”, señaló el reporte divulgado.
Según las cifras reveladas, el Distrito Capital es el lugar en el que más agresiones se han cometido contra los defensores de derechos humanos en los seis años estudiados, con un total de 103 casos. Le siguen Santander, con 100, y Antioquia, con 45.
“Las personas que defienden los derechos humanos y el Estado Social de Derecho en Colombia han sido siempre víctimas de señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia sexual, judicializaciones sin fundamento, ataques violentos y asesinatos perpetrados por todos los actores del conflicto”, asegura la alianza en el documento con el cual se promueve este proyecto.
Pero, también tocaron el tema de los seguimientos ilegales por parte del DAS, organismo del que dijeron que no sólo intercepta ilegalmente llamadas telefónicas privadas de los defensores, sino que también les hace seguimientos.
Por estos hechos, la alianza planteó cinco puntos que se deberían establecer para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos en en el país: poner fin a la impunidad en los casos que involucren a este tipo de activistas, al mal uso de la inteligencia estatal, a los señalamientos sistemáticos, a las judicializaciones sin fundamento y que el Gobierno mejore las prácticas de protección a estas personas.
